Sentencia histórica: cómo cambió la frontera de Ceuta
elDiario.es · hace 1 h
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El “efecto llamada” no fue la regularización de inmigrantes. Fue una decisión del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy corta, solo 13 folios que pasarán a la historia. Se ha escrito mucho sobre la crisis de Ceuta, sobre el papel de Marruecos, sobre la deficiente gestión del Gobierno. Muy poco sobre el origen jurídico con el que todo empezó.
El 29 de junio de 2026, un mes antes del colapso de la frontera en Ceuta, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recortó las “devoluciones en caliente”: una polémica excepción legal que solo se aplica en Ceuta y Melilla y que permite devolver inmigrantes a Marruecos por la vía rápida, sin las mismas garantías humanitarias que sí se aplican en el resto de las fronteras de la Unión Europea.
El origen legal de esas devoluciones en caliente está en una crisis anterior: la tragedia del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Alrededor de doscientos inmigrantes trataron de entrar en Ceuta a nado. La Guardia Civil, esta vez sí, recibió la orden de disparar con material antidisturbios: pelotas de goma, botes de humo y salvas detonadoras. Murieron 14 personas ahogadas. Veintitrés llegaron a tierra, pero la Guardia Civil las devolvió desde la propia playa, saltándose todos los protocolos legales.
La catástrofe en el Tarajal acabó en los tribunales. Estaba en cuestión la responsabilidad de los agentes que dispararon las pelotas de goma –acusados de homicidio imprudente, aunque finalmente fueron exculpados– y también la forma en que se devolvió a los supervivientes que nadaron hasta la playa.
El Gobierno de Mariano Rajoy zanjó el tema un año después. En marzo de 2015 aprovechó otro trámite parlamentario –la aprobación de la infausta ley mordaza– para colar por la vía rápida una importante modificación de la ley de extranjería. Se trata de una disposición adicional que establece un “régimen especial” solo para Ceuta y Melilla: en estas dos ciudades, se puede devolver por la vía rápida a aquellos extranjeros que “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.
El PSOE y otros partidos de la oposición recurrieron esa reforma ante el Tribunal Constitucional, que en 2021 la avaló. Las polémicas devoluciones en caliente también llegaron en 2020 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también las respaldó. Entre sus argumentos a favor de las devoluciones en caliente, el TEDH subrayó la especial situación de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Y que estos intentos de entrar en España se producían en grandes grupos y con violencia, lo que justificaba esta respuesta.
Pedro Sánchez recurrió ante el Constitucional las devoluciones en caliente cuando estaba en la oposición. Al llegar al Gobierno, mantuvo esa ley y la aplicó. Desde el PSOE ahora justifican este giro con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Si derogamos las devoluciones en caliente, la situación de Ceuta y Melilla sería crítica”, aseguran fuentes del lado socialista del Gobierno.
No ha sido este el único cambio radical de opinión.
Hace diez años, nadie podía imaginar que quien acabaría recortando las polémicas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla no sería el primer gobierno progresista de coalición, ni tampoco la muy garantista justicia europea. Para sorpresa de todos, este cambio ha llegado de un tribunal de mayoría conservadora en el Supremo español.
Cuando se mira quién firma esta sentencia, la sorpresa es aún mayor.
Los nuevos progresistas
El ponente de la reciente sentencia del Supremo que acaba de recortar las devoluciones en caliente es Fernando Román García. ¿Un peligroso juez izquierdista? No. Antes fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el número dos de Gallardón.
El presidente de la sección en el Supremo que aprobó la sentencia es Carlos Lesmes. El nombre no te suena por su activismo en defensa de los inmigrantes. Antes fue director general de Justicia en el Gobierno de Aznar y, más tarde, presidente del CGPJ durante el Gobierno de Rajoy.
La sentencia fue aprobada con el voto unánime de los cinco magistrados de la sección. Junto a Román y Lesmes, hay dos asociados a Juezas y Jueces para la Democracia y una de la conservadora APM. Tres a dos, a favor de la derecha.
Que dos magistrados de JJPD recorten las devoluciones en caliente es algo esperable. Esta asociación progresista siempre las cuestionó, e incluso se pronunció en contra de la sentencia del TEDH que las blindó. Pero que dos ex altos cargos del PP recorten una reforma del PP es a
