Desestima la queja del exlíder socialista al considerar que no se han vulnerado sus derechos
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La querella de Rebeca y Laura, que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021 le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores, lesiones y trato vejatorioInvestigación - Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales
Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trata de personas
Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que el pasado enero denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos laborales y sexuales han presentado este jueves una querella contra él en un juzgado de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en un comunicado Women’s Link, la organización que las representa. La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.
“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización en el comunicado.
Rebeca y Laura han solicitado acceder a medidas de protección específicas “mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia”. “Ahora, un tribunal especializado será el encargado de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una investigación, respetando todas las garantías legales para acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición, según corresponda”, prosigue Women's Link.
En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le asigne la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.
La querella que ha presentado Women's Link ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la justicia española sí es competente para indagar estos hechos.
“Rebeca y Laura esperan que se adopte una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles”, asegura la organización en su comunicado.
Como parte de una investigación periodística publicada en enero por elDiario.es y Univision Noticias, estas dos mujeres aseguraron que Iglesias las agredió sexualmente en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en régimen interno en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.
La decisión de la Fiscalía
La Fiscalía decidió no investigar los hechos denunciados al entender que los tribunales españoles carecen de jurisdicción porque ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se daban los “vínculos” que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir, a pesar de que Julio Iglesias tiene nacionalidad española. La decisión fue discutida por juristas y catedráticos, que entendían que España sí tiene competencia para investigarlo.
Women’s Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso bajo el amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judic
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El fiscal jefe, Jesús Alonso, informa a favor de que el tribunal especial sea el competente para investigar hechos que podrían encajar en su fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, si bien ya apunta a que podría encajar un delito contra la paz y la independencia del Estado
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ya ha presentado el informe que la juez María Tardón requirió al Ministerio Público para que le informara de si su juzgado era competente para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Según una nota de prensa de la Fiscalía, Alonso ha informado a favor de esa competencia, tal y como adelantó este jueves elDiario.es, y solicita a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decrete el secreto parcial de la investigación.
En su informe, Alonso detalla que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el asunto compete a la Audiencia Nacional y recuerda que, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada masiva se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.
A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.
Asimismo, considera que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado.
Alonso fundamenta la competencia de la Audiencia Nacional en el artículo 65 de la LOPJ que atribuye a este tribunal el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados internacionales, corresponda su persecución a los tribunales españoles. Señala, además, que el principio de territorialidad que recoge el artículo 23.1 de la misma norma dice que los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos en territorio español. Y recuerda que lo que se investiga “es la entrada masiva e irregular de personas” que se produjo en Ceuta, territorio nacional.
Añade que el artículo 23.2 permite el ejercicio de la jurisdicción española sobre conductas desarrolladas fuera del territorio nacional cuando existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español. Y recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional también encuentra refuerzo en el artículo 15.2. c) i) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que la complementa la anterior.
Los dos informes aportados
Fue el pasado 2 de septiembre cuando trascendió que Tardón había enviado al Ministerio Público el informe presentado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre esa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En el mismo se apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basaban en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.
Este viernes 4 de septiembre ha trascendido que la juez ha recibido también un segundo informe, esta vez el solicitado a la Guardia Civil. Según ha podido conocer este periódico por fuentes conocedoras del nuevo documento, este recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo.
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Ayer pudimos ser testigos de un State of Play extrañísimo. No es solo que se produjese después de una de las decisiones más polémicas en la historia del videojuego, sino que, a pesar de buscar cerrar la tanda de eventos de verano, su importancia fue mínima, dejando de lado los proyectos más importantes del calendario futuro de PlayStation. Sin embargo, hubo algún que otro proyecto que llamó la atención de propios y extraños, y uno de ellos fue CONQ: Crown of No Quarter, un juego de acción táctica y fantasía oscura que parece como si alguien hubiera visto For Honor y hubiera querido mezclarlo con ideas musou al estilo Dynasty Warriors.
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Un For Honor mezclado con Dynasty Warriors y Chivalry
Desarrollado por el estudio británico Athena Games, CONQ nos llevará hasta la llamada Eternal Shift, un purgatorio conocido como el Ciclo de Hierro. La idea recuerda en cierta medida a un Valhalla, aunque aquí no hay celebración ni descanso para los guerreros: los soldados de diferentes épocas y civilizaciones están condenados a combatir en una guerra que parece no tener fin. El estudio aprovechará precisamente este escenario para enfrentar a vikingos, espartanos, soldados de la Europa medieval y otros ejércitos que, en circunstancias normales, jamás habrían podido encontrarse en el mismo campo de batalla.
Eso sí, mientras aquel juego usaba un sistema de combate centrado en la dirección de los golpes y los bloqueos, CONQ será mucho más arcade, llevando la experiencia al terreno del musou y mezclando combate cuerpo a cuerpo y artes marciales. En este caso, ocuparemos la primera línea del frente como el soldado más grande y fuerte de nuestra facción, pudiendo controlar en tiempo real, además, a los minions a nuestro cargo.
En paralelo, y poniendo sus ojos esta vez en Warhaven, los británicos llenarán el juego de diferentes modalidades, no solo limitando la experiencia al clásico asedio o a la obtención de puntos de control. Podremos luchar en alta mar, controlando el barco y disparando sus cañones, así como abordando las naves de los enemigos; también habrá asedios donde podremos usar armas de asedio para destrozar las defensas enemigas, además del más obvio enfrentamiento en campo abierto con, según cita el estudio, "cientos de NPC". A esto se sumarán elementos sobrenaturales conocidos como "Anomalies", con los que será posible alterar el curso de las batallas mediante mutaciones oscuras, invocar legiones de muertos vivientes, utilizar maldiciones de las sombras y debilitar la moral de los ejércitos enemigos.
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fue publicada originalmente en
3DJuegos
por
Alberto Lloria
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