Nicaragua profundizó en 2026 la concentración estatal de poder y el deterioro democrático

Nicaragua profundizó durante el 2026 el deterioro de sus instituciones democráticas y la concentración del poder estatal en el régimen copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe divulgado este miércoles 4 de noviembre por la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, una organización nicaragüense con sede en Costa Rica.El documento sostiene que el país atravesó un nuevo período de restricciones a las libertades civiles y políticas, reducción de la participación ciudadana y pérdida de autonomía de las instituciones estatales. La evaluación abarca reformas constitucionales, presiones sobre organizaciones civiles y religiosas, limitaciones a la prensa independiente y el avance de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes.La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano sustituyó a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente que fue ilegalizado por el régimen de Ortega y Murillo. La entidad presentó su análisis desde Costa Rica, donde opera después de la cancelación de la personalidad jurídica de numerosas ONG en Nicaragua.El organismo afirmó que el entorno político e institucional nicaragüense registró una mayor concentración del poder estatal a lo largo de este año. Según el informe, las libertades civiles y políticas siguieron bajo presión, mientras los canales de participación independiente se redujeron.Las reformas constitucionales ampliaron las facultades del EjecutivoLa organización señaló que las modificaciones constitucionales promovidas en 2026 reforzaron la influencia del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado, con efectos particulares sobre el sistema de justicia y la autonomía institucional.En septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen sandinista, aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución. La iniciativa requiere una segunda aprobación, prevista para el 18 de enero de 2027, antes de su entrada en vigor.La reforma excluye de los cargos de elección popular a los opositores considerados “traidores a la patria” y extiende de cinco a siete años el mandato presidencial.