Objeción de conciencia en desahucios: ¿derecho de bomberos y policías?

Este miércoles desahuciaron a una vecina de 87 años que llevaba los últimos 70 en su casa de Retiro: un fondo lo ha comprado y quiso quintuplicar su alquiler. Pese a la resistencia y el apoyo ciudadano o sindical, un enorme despliegue policial procuró su expulsión. Los cánticos oídos en distintas protestas apuntan ahora a la moralidad de quienes participan en desalojos en plena crisis de la viviendaUn fondo desahucia a Maricarmen a sus 87 años tras un enorme despliegue policial y pese a la presión vecinal
El cuarto intento de desahuciar a Maricarmen fue también el último. La vecina de Retiro, casi nonagenaria, ha salido en ambulancia de la que fue su casa durante 70 años. Dentro y fuera, una amplia resistencia liderada por el Sindicato de Inquilinas e impulsada por simpatizantes acudía en su apoyo, después de que el fondo Urbagestión adquiriera su hogar y quintuplicara la renta hasta niveles imposibles para una pensionista. A las puertas, más de una decena de furgones policiales hicieron guardia por el desalojo. Llegaron a verse duras cargas contra los manifestantes, muchos rociados con gas pimienta en un despliegue no exento de críticas. “Así es como la Policía defiende a Maricarmen”, espetaba con ironía el órgano sindical en redes, acompañando la publicación de un vídeo en el que cuatro agentes sacaban a uno de los activistas cogido de brazos y piernas. Pero, ¿pueden ellos negarse a colaborar en un desahucio, igual que un médico objetor decide no practicar abortos?

Sobre ello responde uno de sus miembros, que no estaba entre los asignados al operativo de este miércoles: “Cuando aceptamos nuestro cargo, los médicos tienen la función de salvar vidas, pero la nuestra específicamente es la de cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Eso nos deja con una serie de limitaciones que no tienen otros funcionarios públicos: por ejemplo, que la seguridad ciudadana nunca se puede descuidar ni cuando pasa por encima de nuestra ideología”. Este agente de la Policía Nacional en Madrid, que accede a responder a cambio de no revelar su nombre, se muestra de acuerdo con este veto –que también suspende su derecho a huelga, aunque no a manifestarse fuera de servicio– pese a reconocer que ha llevado a cabo “detenciones con mucha pena y contradicción”. Pero, a su juicio, “es algo que debes asumir”.

Sin embargo, la violencia vista esta mañana y el enorme despliegue de antidisturbios para echar a una anciana de casa en favor de un fondo –que ni siquiera aceptó in extremis la donación anónima de una escritora para completar el pago de Maricarmen– ha vuelto a cuestionar a quién protege verdaderamente el término “seguridad ciudadana”. Con los bomberos, que a veces participan en despliegues para desahucios, pasa algo similar aunque con una diferencia: ellos a priori no están destinados a este tipo de prácticas, solo que pueden ser llamados a colaborar. En julio de 2024, después de la expulsión de una vecina de Lavapiés llamada Zohra, comenzó a fraguarse un grupo de efectivos que quería poner fin a su intervención en los desahucios.

“En nuestro caso, la reclamación no se mueve tanto por el derecho a la objeción de conciencia como a que no hay concepto legal que ampare directamente nuestra participación”, sostiene uno de los miembros de la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, César Contreras. Aunque en el último y definitivo intento de desalojar a Maricarmen no fue requerida la presencia de este cuerpo, en otros casos como el de Zohra o Mariano Ordaz sí se solicitaron efectivos para algunas tareas. La organización estatal creada hace un año defiende su derecho a no participar en estos operativos, pues aunque su reglamento les “obliga a colaborar” con otros servicios públicos insisten en que esto ha de ser solo si el caso se “ajusta” a sus “competencias”.

“Samur [para asistencias sanitarias de emergencia] también tiene ese acuerdo de colaboración y si les llaman es solo para atender a los afectados, no para inmiscuirse directamente en el desahucio”, resuelve Contreras. “Si es una orden judicial expresamente la que nos menciona para acudir, entonces no tengo nada que decir. Pero si son cuerpos de seguridad y no es estrictamente necesaria nuestra presencia, creo que debemos poder negarnos a hacerlo”, reflexiona el bombero. En los últimos años, la capital ha sido testigo de numerosas y muy sonadas expulsiones de vecinos que, como Maricarmen, han visto incrementarse exponencialmente el precio de su vivienda o sido expulsados cuando un nuevo propietario ha comprado su bloque.

A la vecina de Retiro, que rechazó hasta el último momento las alternativas habitacionales en recursos municipales (que el Ayuntamiento no especifica por “protección de datos”) y de momento permanecerá con unos familiares, Urbagestión quiso subirle un alquiler de 500 euros con renta antigua hasta los 2.500 de un solo golpe. Aunque la cantidad final se redujo en una negociación, el preci