Problemas de salud, revictimización y burocracia, el costo que enfrentan las familias buscadoras en México: colectivos piden atención integral

La organización I(DH)EAS y 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentan ante el Comité DESC de la ONU el informe El costo de la búsqueda, que documenta enfermedades, pérdida de ingresos, accidentes, barreras administrativas y atención revictimizante para quienes buscan a más de 133 mil personas desaparecidas en México.La ponencia fue presentada por Linda Ruíz, en representación de I(DH)EAS y de los colectivos firmantes, un día antes de que el Estado mexicano sea examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también previsto para esta semana.El informe sostiene que la desaparición tiene consecuencias que alcanzan a las familias que realizan las búsquedas. La organización advierte que, junto con la crisis de desapariciones, existe un deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas buscadoras, quienes asumen tareas que corresponden al Estado.El 66% sufre lesiones durante las búsquedasLa investigación recopila los testimonios y condiciones de 249 personas buscadoras, en su mayoría mujeres. De ese total, 66% ha sufrido accidentes o lesiones durante las búsquedas en campo, una labor que los colectivos atribuyen a obligaciones que deben ser atendidas por las autoridades.Las familias desarrollan o agravan padecimientos crónicos como diabetes, cáncer, hipertensión, desprendimiento de retina, obesidad y enfermedades autoinmunes. El documento también registra afectaciones visuales severas asociadas con el estrés extremo, así como pérdida de piezas dentales por bruxismo.I(DH)EAS señala que el costo de buscar se extiende a la vida cotidiana de las familias. La dedicación de tiempo completo a las labores de localización provoca pérdida de empleo y de seguridad social, mientras que la atención médica permanece centralizada y obliga a las personas a cubrir traslados largos para recibir tratamiento.Esa combinación lleva a que algunas familias abandonen sus consultas y tratamientos. El informe plantea que la búsqueda de una persona desaparecida no puede quedar separada de las condiciones de salud, ingresos y cuidados que enfrentan quienes la realizan.“Buscar a quienes nos faltan no puede costarnos la salud ni la vida.