Ministerio de Educación no renovó el contrato fiduciario del Fomag para la salud de los maestros y Fecode lo cuestionó: “Máxima alerta”

El Ministerio de Educación decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que administró el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con Fiduprevisora S. A. durante 36 años. El vínculo venció el 31 de octubre de 2026 y desde el 1 de noviembre comenzó una transición de un año, que podría extenderse por otro período igual.La cartera indicó que la decisión surgió tras una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa de la administración del fondo. Según el ministerio, el análisis encontró dificultades en la operación, con efectos sobre el acceso a los servicios médicos y el reconocimiento de prestaciones económicas para docentes y sus familias.La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, afirmó que la decisión busca corregir problemas asociados a la ejecución contractual. “Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico. Una decisión para proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias y para tratar de corregir todas las situaciones adversas, irregulares que han sido presentadas en la ejecución del contrato”, sostuvo.El ministerio informó un patrimonio negativo de $ 3,198 billonesSegún el Ministerio de Educación, dentro de la revisión se identificó un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. La entidad señaló que esa situación exige establecer el estado de los recursos y las condiciones bajo las cuales fueron administrados durante la vigencia del contrato.Los hallazgos fueron presentados ante el Consejo Directivo del Fomag y remitidos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Esos organismos deberán evaluar los hechos dentro de sus competencias y definir si procede la apertura de actuaciones.Hoyos solicitó al presidente Abelardo de la Espriella ordenar una auditoría forense para examinar la administración de los recursos, el contrato fiduciario y la contratación derivada. El objetivo, según la cartera , es determinar si existieron irregularidades o posibles hechos de corrupción, sin anticipar responsabilidades.