La jueza archiva la causa de Tribulete 7, la primera contra un fondo por acoso inmobiliario en España

La magistrada no encuentra indicios de delito en las obras que el fondo Elix puso en marcha en el número 7 de la calle Tribulete y archiva la causa contra varios directivos y trabajadores de la compañía, decisión todavía recurrible ante la Audiencia Provincial de MadridArchivo - Imputan por acoso inmobiliario en un bloque de Lavapiés a varios altos cargos de un fondo buitre
La jueza de Madrid que investigaba al fondo de inversión Elix y a varios de sus directivos y trabajadores por acoso inmobiliario a los inquilinos del número 7 de la calle Tribulete ha decidido archivar el caso. La magistrada, en un auto al que ha accedido elDiario.es, explica que las obras y las molestias que padecieron los vecinos del inmueble no alcanzan la categoría de delitos de acoso inmobiliario o contra la integridad moral y ordena archivar el caso, una decisión que todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Una docena de vecinos de este edificio en el barrio madrileño de Lavapiés decidieron llevar a sus nuevos caseros a los tribunales al entender que todas las obras y molestias que habían puesto en marcha tenían un verdadero objetivo: que se fueran de allí. El fondo Elix, con propiedades en Madrid y Barcelona, había adquirido la casa y su objetivo era que los vecinos, cuyos contratos de alquiler estaban próximos a vencer, se marcharan para poder renovar el edificio y obtener un beneficio mucho más alto por alquilar un inmueble de esas características en pleno centro de Madrid.

En sus declaraciones y escritos, los vecinos querellantes describieron cómo la propiedad puso en marcha obras sin apenas preaviso y que empezaron a condicionar sus vidas con ruidos, molestias e incluso con goteras, derrumbes y destrozos en los pisos, afectando en algunos casos a su salud. Los directivos y trabajadores de la empresa que comparecieron como imputados ante la jueza denunciaron, sin embargo, una “campaña” contra ellos y responsabilizaron a este grupo de vecinos de ser los únicos que no querían negociar su salida tras vencer su contrato, obstaculizando unas obras que, defienden, eran necesarias para mantener el edificio.

La magistrada tomó declaración a principios de año tanto a los vecinos querellantes como a los directivos y trabajadores de Elix: desde los responsables de la operación hasta los que hablaban de forma directa con los inquilinos, pasando por el arquitecto que dirigió la obra. La conclusión, según el auto de sobreseimiento dictado en los últimos días, es que no se puede atribuir a Elix un plan para hacer la vida imposible a los vecinos y forzar su marcha “más allá de la evidencia de alguna humedad o gotera, grieta o desprendimiento de pintura, nada excepcional en el curso de unos obras como las desarrolladas”. Tampoco consta, añade la jueza, que Elix “ignorara o desatendiera las reclamaciones de los vecinos”.

La magistrada repasa “la polémica actual que genera la escasez de oferta en la vivienda y el elevado precio que se reclama por las mismas, sea alquiler o compra”, lo que ha dado pie a una “crisis de vivienda” que define como “grave y real”. En ese contexto, estos vecinos querellantes ven terminar sus contratos de alquiler “por los que pagan unas rentas razonables” en “pleno centro” de Madrid. La empresa, por otro lado, “lógicamente, quiere rentabilizar su inversión a la mayor brevedad”. Porque tal y como reconocieron todos los imputados el objetivo era que todos los vecinos se fueran, como muy tarde cuando terminaran sus contratos de alquiler, para hacer obra en el edificio y sacarle más rendimiento.

El auto explica que no encuentra pruebas que demuestren que Elix pusiera en marcha un acoso inmobiliario a través de esas obras. “Parece evidente que cualquiera que haya vivido en un inmueble en el que se ejecutan obras, o las haya sufrido en su propia vivienda, es pleno conocedor de lo ”molesto“ que ello resulta, ya solo por ruidos y suciedad por muy correcta que sea la ejecución”, dice la jueza. Y en este caso “nadie ha puesto de manifiesto [ninguno de los querellantes] que se ejecutaran trabajos fuera de las horas permitidas ninguna infracción consta cometida en cuanto a las medidas de seguridad a observar en el inmueble”.

En las últimas semanas, según explican fuentes del caso, los vecinos de este edificio de la calle Tribulete han recibido media docena de requerimientos judiciales bajo amenaza de desahucio después de las demandas interpuestas por los nuevos propietarios.