Medidas para frenar desahucios: qué leyes hubieran salvado a Maricarmen

Los abogados expertos en vivienda Pablo Feu y Víctor Palomo apuntan leyes y decisiones, algunas ya sobre la mesa en el Congreso, que podrían haber frenado el lanzamiento y evitar otros en el futuroEl relator de la ONU para Vivienda asegura que la jueza “debería haber parado” el desahucio de Maricarmen

El Gobierno ha acusado al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad, que a su vez han señalado de nuevo a Pedro Sánchez, por el desahucio de Maricarmen, de forma que nadie asume responsabilidades. Las competencias en Vivienda son de la comunidad autónoma y los servicios sociales que deben ofrecer alternativa habitacional dependen del municipio, por lo que ambas administraciones tienen una responsabilidad directa. Pero los expertos consultados apuntan medidas que el ejecutivo central también podría haber tomado para protegerla: un escudo antidesahucios, prohibir la compra especulativa o instar a la jueza a cumplir un dictamen de la ONU que instaba a detener el desahucio.

La decisión que el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU emitió en junio decía que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos” e instaba al Gobierno a que frenase el desahucio o garantizase alternativa residencial. El Ministerio de Vivienda utilizó este informe para exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que lo frenaran, pero no para intervenir directamente.
Dictamen de la ONU y alternativa habitacional
Según el abogado de CAES especializado en vivienda Víctor Palomo, la obligación legal de cumplir con los dictámenes internacionales hubiera dado al Gobierno la posibilidad de ofrecer una vivienda a Maricarmen sin por ello caer en la prevaricación ni la invasión de competencias. El artículo 10.2 de la Constitución dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Para el también jurista Pablo Feu, “tendría que haber unos principios de subrogación que permitieran que el Estado ofrezca alternativa habitacional si no lo hacen la Comunidad autónoma y el municipio”. “Si una administración pública no puede hacer todo lo posible para garantizar los derechos de unos ciudadanos, llegamos a una situación kafkiana, nos perdemos en los detalles y las administraciones quedan anuladas por el derecho que ellas mismas han escrito”, lamenta, que cree que la falta de voluntad política y el funcionamiento de la justicia llevan a que “siempre hay excusas desde hace 20 años para que se siga especulando con la vivienda”.

Feu, además, apunta a que el Supremo, que en 2024 decretó la invalidez del contrato de alquiler al darlo por vencido en 2007, podría haber decretado que el contrato inicial era discriminatorio al no permitir a la madre firmarlo por una ley machista del franquismo. Eso hubiera convertido a Maricarmen en primera subrogada y, por tanto, en titular de un contrato de renta antigua aún válido.
Escudos antidesahucios
La moratoria antidesahucios aprobada por el Gobierno durante la pandemia y que fue tumbada por Vox, PP y Junts hace unos meses también habría protegido a Maricarmen si se hubiera mantenido, según Feu. Palomo se muestra más escéptico, “porque solo protegía a contratos de la LAU” y este es de renta antigua y recuerda que, en muchos casos, este tipo de leyes “acaban dependiendo del juez” y que muchos desahucios se han ejecutado en los últimos años “porque se pedía una documentación excesiva para acreditar la vulnerabilidad, que iba más allá del informe municipal”. “He visto ejecutar desahucios porque faltaba una nota simple que demostrara que un migrante no tenía viviendas en propiedad”, apunta.

Por ello, el nuevo decreto de vivienda que el Gobierno intenta acelerar es más seguro al proteger al inquilino o al propietario, ya que obliga a suspender cualquier desahucio de personas vulnerables y sin alternativa habitacional.
Veto a la compra especulativa
Más allá de la protección ante los desahucios, Palomo alerta de que no es suficiente con los “parches” hacia “los más pobres”, sino que se trata de “cambiar el modelo”, de “por qué Urbagestión ha podido comprar una casa”. En ese sentido, apunta a eliminar los incentivos fiscales que hacen que una empresa pague menos impuestos por los beneficios que obtiene de una vivienda, algo aún mayor para las socimis. “El modelo que tienen las empresas es deshumanizar. Cuando compran una vivienda ocupada hablan de liberar el activo”, denuncia.

“Se podría prohibir que las empresas compren vivienda o imponer un castigo fiscal al acaparamiento de vivienda”, asegura Palo