Cómo pasó Junts de pactar el decreto de vivienda a tumbarlo

Tanto las patronales catalanas como alcaldes del partido expresaron su inquietud o directamente el rechazo a los decretos de vivienda con el argumento de que castigaba a los pequeños propietarios y no ampliaba la oferta de alquilerCompensaciones por desahucio, alquiler temporal y prórrogas: todas las medidas de vivienda que decaen tras el 'no' de Junts
El martes por la noche se celebró la cena anual de la patronal Pimec. Casi 1.000 empresarios y representantes de la mayoría de instituciones y partidos catalanes. Muchas de las conversaciones y preguntas versaron sobre los decretos de vivienda. La presentadora del acto, micro en mano, fue interpelando a los distintos políticos que asistían al evento. Cuando le tocó el turno a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts ya abrió la puerta a rechazar ambos decretos. El segundo se daba por descontado, pero la cuestión era qué votarían al primero.

En los corrillos con representantes empresariales, Nogueras les pidió también ayuda para que a Junts le fuese más fácil explicar su posición, según confirman a elDiario.es fuentes presentes en el acto, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pimec, en una interpretación inicial, había valorado positivamente “la orientación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el alquiler asequible y ampliar la oferta”. Pero, al mismo tiempo, esta organización empresarial, una de las más moderadas, reclamó que el conjunto de las medidas garantizase seguridad jurídica, viabilidad económica y “un aumento efectivo de la oferta”. Además, advirtió del riesgo de generar incertidumbre y de que acabase poniéndose menos vivienda en el mercado.

Hubo posicionamientos menos diplomáticos y mucho más duros con los decretos del Gobierno. Las Cámaras de la Propiedad de Catalunya alertaron de que podían “agravar” el problema. También insistieron en que, en su opinión, se estaba abonando una “mayor inseguridad jurídica”. Este sector, siempre próximo al tradicional entorno convergente, entiende que las medidas que finalmente no han prosperado trasladaban a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas.

En una línea parecida, el colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, cuya representante más conocida es la exconsellera y exdiputada Lourdes Ciuró, considera que la mayor parte de las medidas actuaban sobre el parque de alquiler existente, sin impulsar suficiente vivienda nueva ni ampliar de manera efectiva la oferta pública y asequible.

Como siempre, la patronal más tajante fue Foment. A los argumentos esgrimidos por el resto de representantes empresariales, su presidente, Josep Sánchez Llibre, añadió que los decretos pretendían “socializar” la propiedad privada: “Es la propiedad de miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler”.

Junts, que no solo por la presión de las plazas, pero también por ella, negoció el primer decreto con el Gobierno, constató pronto que los sectores que le son más afines electoralmente, aquellos que se erigen como representantes de los llamados pequeños propietarios, rechazaban ambos textos. Además, a diferencia de otras formaciones, sus votantes no están en esas protestas de la calle.

El partido fue endureciendo su discurso tras conocerse el contenido de los decretos, pese a que el Gobierno los había dividido en dos para asegurarse de que votaría al menos uno de ellos, el que incluía las propuestas que habían negociado. Incluso en las filas de los independentistas decían que el primero era “el decreto de Junts”. Pero Nogueras y otros diputados expresaron su enfado por no haber tenido hasta horas después los dos decretos, empezaron a deslizar que algunas de las medidas no eran las acordadas y atribuyeron los cambios a la influencia de Sumar y el resto de “ideologías extremas”.

“Queremos ver la letra pequeña”, “lo estamos analizando”, se limitaban a señalar. La palabra que empezaron a repetir fue “decepción” y, a partir de ahí, el discurso fue escalando cada vez más.

Fuentes de Junts confirman que también sus alcaldes les hicieron llegar el rechazo a los decretos. Uno de los argumentos es que eran “inaplicables” y apelaban, como las patronales, a la falta de seguridad jurídica para los propietarios.

Los diputados en Madrid eran de los más duros en el rechazo y Jordi Turull optó por convocar una reunión telemática, en la que Puigdemont no participó porque solo asiste a las permanentes o a las más reducidas. Sirvió para certificar el ‘no’ que se ha confirmado este viernes en el Congreso. “Un decreto en el que sale el nombre de ‘Maricarmen’ no es un decreto, es un artículo de opinión”, critican en el partido.

El Gobierno estaba convencido hasta el jueves por la ta