Una coalición con la ultraderecha para incumplir la Constitución

'El boletín del director' es una carta semanal de Ignacio Escolar exclusiva para socios y socias de elDiario.es. Si tú también lo quieres leer y recibir cada sábado en tu buzón, hazte socio o socia
Este miércoles, en la SER, Aimar Bretos me pidió el titular del día. Mi respuesta fue esta: “PP y Vox confirman su coalición con el primer objetivo de incumplir la Constitución para controlar la Justicia”.

“Luego lo desarrollo”, prometí en la radio. Pero la tertulia acabó por otros derroteros y me quedé sin tiempo. Así que lo explico hoy.

PP y Vox confirman su coalición, porque eso es lo que ha ocurrido esta semana. Su anuncio de un pacto para las candidaturas al Senado es la enésima prueba de que forman un bloque. Los electores del PP votan también por Abascal como vicepresidente. Y lo mismo ocurre al revés.

Incumplir la Constitución, porque ese es el primer objetivo de este acuerdo. Lo dejó entrever Feijóo en una entrevista en Onda Cero, donde aseguró que busca “una mayoría de tres quintos”. ¿Y por qué tres quintos? Porque esa es la mayoría reforzada necesaria para nombrar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes de renovación.

Hace ya diez meses que estos cuatro magistrados deberían haber sido nombrados, como ordena la Constitución. Pero el PP ha bloqueado la renovación porque espera que las próximas elecciones le permitan alcanzar, con Vox, esa mayoría de tres quintos en el Senado. Así podrían elegir a los cuatro magistrados sin pactar con el PSOE. Una mayoría que hasta ahora no ha conseguido ningún partido, pero que el PP sueña con lograr.

Antes las excusas habían sido otras, siempre peregrinas: que no se puede pactar nada con Sánchez, que las comunidades autónomas donde gobierna el PP van con retraso y hasta la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida de Cantabria. Pero Feijóo ha dejado al descubierto el verdadero cálculo político: retrasar la renovación hasta después de las elecciones, por si entonces puede nombrar a los cuatro magistrados solo con los votos del PP y Vox.

Es un fraude antidemocrático. Porque la renovación tocaba ahora, con el Senado actual, no con el que sueña Feijóo. La Constitución establece plazos para renovar estos órganos, que no pueden quedar al arbitrio de cuándo le conviene a cada partido.

Este bloqueo del PP a la renovación de un órgano constitucional es la norma, no la excepción. Lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo hizo Casado y ahora lo hace Feijóo. Todos ellos incumplieron la Constitución.

¿Y para qué sirven estos bloqueos? Para controlar la Justicia. Es lo que históricamente han conseguido con el Consejo General del Poder Judicial. Y es lo que ahora quieren repetir con el Tribunal Constitucional.

No hay hoy una sola sala en el Tribunal Supremo donde la derecha no tenga una mayoría abrumadora. Y no me refiero solo a la orientación ideológica de sus magistrados –que también–, sino a cómo llegaron allí: la gran mayoría fueron elegidos por los vocales del CGPJ nombrados por el PP.

Los jueces del Tribunal Supremo no caen del cielo. Tampoco llegan allí por oposición. Los nombra el Consejo General del Poder Judicial, donde las mayorías políticas deciden de forma discrecional, sin un verdadero concurso de méritos. 

Los sucesivos bloqueos del PP a la renovación del CGPJ han permitido prolongar durante años las mayorías conservadoras en ese órgano. Buena parte de los actuales magistrados del Supremo fueron nombrados por un Consejo sin legitimidad democrática, con el mandato caducado.

Es como si un alcalde perdiera las elecciones, se atrincherase en su despacho y siguiera colocando a los suyos. Con dos agravantes: nadie ha pagado consecuencia alguna por estos bloqueos antidemocráticos y además los nombramientos siguen ahí. Los magistrados elegidos por un Consejo con el mandato caducado continuarán firmando sentencias en el Supremo hasta su jubilación. 

En las últimas tres décadas, la izquierda ha gobernado España durante 16 años y la derecha durante 14. Pero, en ese mismo periodo, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido una mayoría conservadora durante más de 22 años. Y un presidente conservador durante casi 28 años. 

Y no es solo una cuestión de bloqueos. También de cómo ha actuado cada partido cuando ha tenido la mayoría parlamentaria.

Durante los gobiernos progresistas, el PSOE ha aceptado el consenso. Zapatero, por ejemplo, pactó el nombramiento de un presidente conservador para el CGPJ: Carlos Dívar. Justo lo contrario que el PP, que cuando ha tenido mayoría parlamentaria ha recurrido al rodillo. Rajoy cambió la ley para que el Consejo pudiera aprobar los nombramientos del Tribunal Supremo por mayoría simple, sin necesidad de pactos amplios. Así, los vocales conservadores de los años de Carlos Lesmes podían decidir esos nombramientos sin con