Chaco cumplió una obligación internacional con las víctimas

Hay víctimas que no se ven porque no pueden llegar a una oficina, porque desconocen sus derechos, porque temen perder el único sostén económico de su familia o porque aprendieron que hablar no cambia nada. La tarea de la Defensoría de las Víctimas es encontrarlas dentro del proceso, devolverles información y capacidad de decisión, y acompañarlas sin apropiarse de su voz.En 2021, la provincia del Chaco sancionó la Ley 3413-J, que reconoció derechos y garantías de las personas víctimas de delitos y creó seis cargos de Defensorías Penales Públicas de Víctimas, una para cada circunscripción judicial. La norma provincial se integró con la Ley nacional 27.372 -Derechos y Garantías de las Victimas - y con un antecedente local importante. En 2017, la Defensora General, Dra. Alicia Alcalá y la Defensora General Adjunta, Dra. Gisela Gauna Wirz aprobaron la Resolución 05/17, mediante la cual se estableció un sistema de turnos destinado a garantizar la asistencia de un defensor público penal de turno para la atención y representación de las víctimas, como también otro defensor público penal destinado a la defensa técnica de las personas imputadas, quedando resguardado de esta manera el conflicto de intereses. El proceso penal moderno se organizó alrededor de la potestad del Estado para investigar y sancionar delitos, pero durante mucho tiempo relegó a la persona directamente afectada por el hecho. Gustavo E. Aboso refiere que la víctima era considerada un objeto de prueba, su testimonio sería útil para fundamentar una condena, pero existía una miopía crónica en apreciar que ella también era sujeto de derecho. El redescubrimiento de la condición de víctimas de delitos y la necesidad de asegurar sus derechos y garantías judiciales se insertan dentro de un proceso extenso que se inició décadas atrás y que se fue desarrollando de manera progresiva hasta culminar el pleno reconocimiento de la calidad de víctima, que se traduce en la praxis en la necesidad de que su opinión sea escuchada al momento de adoptar una resolución judicial. Pero lo más importante es que detrás del reconocimiento de los derechos victimales, está el reconocimiento del papel de la víctima desde un enfoque constitucional.Las leyes de víctimas de delitos lo que procuran es recomponer los desequilibrios propios del sistema jurídico.