Argelia Queralt: "Los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos"
elDiario.es · hace 17 días
La vocal progresista del Poder Judicial afirma que la presidenta Isabel Perelló "lleva a cabo una política excesivamente corporativista" y reclama más "transparencia" en el órgano de gobierno de los jueces
Marlaska censura la orden de no elevar el informe de Ceuta y la presidenta del Supremo respalda a la jueza
Argelia Queralt (Múnich, Alemania, 1976) es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace dos años. Doctora en Derecho y profesora titular de la Universitat de Barcelona, llegó al órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE tras una etapa como letrada del Tribunal Constitucional. Queralt atiende por teléfono a elDiario.es días antes del acto oficial de inicio de curso de los tribunales que se celebra el próximo jueves.
La jurista defiende que “los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos” y lamenta que el arraigado “corporativismo” dentro del órgano frene la autocrítica y la apertura frente a “señales de alarma”, como las encuestas que apuntan a una cierta desconfianza de los ciudadanos en la Justicia.
Tras meses de investigación, el CGPJ archivó nueve de las once quejas tramitadas contra el juez Juan Carlos Peinado. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de archivar otra de las dos que ustedes le remitieron. ¿Hay resistencias a sancionar a otros jueces?
Hay cuestiones como todo lo relativo a la libertad de expresión que la parte judicial tiene más reticencias a sancionar. Su argumento es que los jueces, cuando no están ejerciendo, tienen libertad de expresión absoluta. Eso me llama la atención. No se trata de limitar ilegítimamente su libertad de expresión, pero la propia Comisión de Ética —aunque sus resoluciones no son vinculantes ni pueden ser utilizadas como elemento disciplinario— sí habla de prudencia y de no olvidar que sus manifestaciones pueden afectar a la idea de neutralidad e imparcialidad. Falta concienciar a la carrera de que aunque son ciudadanos y ciudadanas de a pie cuando no están ejerciendo no dejan de tener unas responsabilidades. Debería haber un debate en el seno del Consejo y de la judicatura y después una actualización legislativa sobre el tema disciplinario.
Durante este curso, el Consejo también rechazó sancionar al juez que llamó “Barbigoña” a la mujer de Sánchez y al magistrado que dijo que Irene Montero no podía darles lecciones a los juristas “desde su cajero de Mercadona”. Lo hizo con el voto en contra de los vocales de su grupo. ¿Esos mensajes socavan la apariencia de imparcialidad?
Precisamente por esto hay que darle una vuelta al tema de la libertad de expresión. La apariencia de imparcialidad es un concepto un poco difuso, pero es la que hace que la ciudadanía confíe en el buen hacer de los miembros de la carrera judicial. Determinadas manifestaciones o expresiones relativas al género o a cuestiones políticas dan una mala imagen que se extiende a toda la carrera y acaban propiciando una visión de una judicatura no imparcial. La judicatura debe comportarse de una manera ejemplar y respetar todos aquellos elementos que permitan que la ciudadanía confíe en su actuación, que es independiente, sí, pero muy importante, también debe ser imparcial y parecerlo.
Cada año se tramitan unas 500 diligencias informativas contra jueces. ¿Pretende el Consejo limitar las quejas que se presentan contra jueces con el nuevo reglamento que está en tramitación?
Es una iniciativa que se está tramitando para poder mejorar el procedimiento de quejas, que es muy informal. Ahora el buzón de queja ciudadana del Consejo se utiliza para ejercer un derecho de protesta. Y eso hace que otras quejas que están bien formuladas tarden más en ser tramitadas. Además, solo se plantea que en determinados procedimientos solo las partes puedan interponer la queja, que no haya una especie de acción popular. Pero es solo una iniciativa que se ha empezado a tramitar.
Sondeos publicados recientemente por diversos medios revelaron que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política. ¿Preocupan estos datos en el Consejo?
Es una percepción que también han recogido otros estudios de la UE o la OCDE y que evidencia que hay un problema de confianza respecto de la actuación de la Justicia. Es una llamada de atención que hay que tener en cuenta nos guste más o menos o nos parezca que tiene más o menos razón. Hay que tomar estos datos como señales de alerta, ver qué está pasando y actuar en consecuencia. Pero ahí sale el corporativismo. La mayoría del Consejo no está por llevar a cabo este proceso de reflexión, sino que lo percibe como un ataque al Poder Judicial. Yo creo que esto es un error no porque esté validando esos resultados, sino porque creo que en un Estado democrático tenemos que ser sensibles a esas opiniones. Los jueces y juezas son un poder de
