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Washington y Teherán se enzarzan por tercer día consecutivo en escaramuzas militares tras un mes de relativa calma. Los bombardeos matan al menos a 18 iraníes, según la República Islámica
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IZQUIERDA
hace 25 min
La atleta ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que defiende que la medida de la Real Federación Española de Fútbol podría ser en realidad "profundamente machista"Congelar óvulos, un alivio para muchas que no puede ser la respuesta a la crisis de fertilidad
Una medida que pretende favorecer los intereses de la Real Federación Española de Fútbol disfrazada de feminismo. Es la lectura que hace la atleta española Ana Peleteiro del plan de esta institución para facilitar que sus futbolistas puedan congelar sus óvulos: “¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras estén jugando?” , reflexiona la medallista.
La deportista gallega ha expresado así sus dudas sobre una iniciativa que la RFEF ultima con una clínica privada de fertilidad y que tiene previsto presentar oficialmente durante este mes. El objetivo del proyecto es facilitar a las futbolistas de la selección española el acceso a la vitrificación de ovocitos para que puedan preservar su fertilidad y retrasar, si así lo desean, la decisión de ser madres. La Federación ha confirmado que el acuerdo está en proceso de cierre, aunque todavía no se han hecho públicos todos sus detalles.
La propuesta parte de una preocupación que varias futbolistas han trasladado a la propia Federación: la carrera deportiva de una jugadora de élite coincide, en buena medida, con los años de mayor fertilidad. La futbolista Alexia Putellas defendió la iniciativa: “Para mí es un avance enorme porque la federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar”
Pero para Peleteiro el debate no debería centrarse únicamente en proporcionar una alternativa para posponer la maternidad. En su vídeo, la atleta cuestiona que una institución deportiva financie una intervención que, al fin y al cabo, consiste en facilitar que estas mujeres “adapten sus tiempos reproductivos” a las exigencias de sus carreras. “En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que sigan encajando en la estructura”, afirma.
Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Peleteiro-Compaoré Brión (@apeleteirob)
“El problema obviamente no es congelar óvulos”, sostiene Peleteiro, que sitúa la cuestión en otro punto: “El problema está en por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrases tu maternidad”. “Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y posparto, de facilitar el cuidado de los hijos o de conseguir, en definitiva, que ser madre no penalice a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación”, resume Peleteiro.
Un posible efecto de presión
La reflexión se extiende también al posible efecto que una medida de este tipo podría tener sobre la libertad de las propias jugadoras. Peleteiro advierte de que lo que inicialmente se presenta como una opción podría acabar generando una expectativa si quien ofrece esa posibilidad es, además, la institución de la que depende la carrera profesional de las deportistas. “Cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa?”, se pregunta.
La atleta expone su argumento con un escenario hipotético: si una futbolista tiene la posibilidad de congelar sus óvulos, podría llegar a cuestionarse por qué decide quedarse embarazada durante su etapa como deportista profesional. Para Peleteiro, ahí aparecería una forma de presión sobre una decisión que debería corresponder exclusivamente a cada mujer.
El País
C-IZQ
hace 43 min
La jefa de la diplomacia de la UE prevé nuevas sanciones contra Moscú. Alemania y otros países europeos convocan a los embajadores rusos
El País
C-IZQ
hace 51 min
La Moncloa dice que “sorprende” que la Policía no haya compartido con el Gobierno la información | El PP exige la dimisión de Marlaska “por sinvergüenza y mentiroso” y Jupol añade al director general de la Policía y al delegado del Gobierno en Ceuta
elDiario.es
IZQUIERDA
hace 55 min
El Gobierno defiende que debería haber tenido acceso a las conclusiones de ese atestado aportado a la Audiencia Nacional, mientras el partido que pidió investigar la entrada masiva sugiere que el ministro está ejerciendo una presión ilegal
Marlaska pregunta al director de la Policía por el supuesto informe que atribuía a fuerzas marroquíes la entrada de migrantes en Ceuta
El informe policial en el que se atribuiría a Marruecos la entrada de migrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente en la crisis iniciada el pasado 30 de julio. Horas después de que trascendiera el contenido de ese atestado, adelantado por El Español, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
El ministro subraya que, según la información, en ese atestado del CENIF figuraría de que la entrada masiva en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio. Por eso, el titular de Interior cree necesario conocer desde cuándo disponía esa unidad de esa información que es “absolutamente esencial” para que el Gobierno pueda “adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria” y en defensa del Estado.
“Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, recalca.
Por contra, el partido extraparlamentario Iustitia Europa, que llevó el asunto de la entrada masiva a la Audiencia Nacional –órgano judicial que espera informe de la Fiscalía para saber si es competente para hacerse con el asunto–, ha solicitado este mismo miércoles a Tardón que aperciba al ministro y proteja a los agentes del CENIF que, a su juicio, actúan ya como Policía Judicial.
De hecho, el presidente de ese partido, Luis Pardo, ha remitido la carta del ministro al juzgado para que se evite “cualquier interferencia en la investigación”, se “blinde” a los investigadores policiales y se exija a Interior que aclare por qué pide explicaciones a la Policía Nacional sobre un informe elaborado por orden judicial.
¿Qué dice la ley?
La pregunta que se plantea ahora es si esa unidad específica debía haber informado a Grande-Marlaska sobre la emisión de ese informe o si en realidad operaba ya en funciones de policía judicial, algo que la exoneraría de dar cuenta a sus superiores policiales dado que solo se debe a la jueza de la Audiencia Nacional que abrió diligencias el pasado julio tras la denuncia presentada por el partido de Pardo.
Las funciones de la Policía Judicial están recogidas en la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 547 a 550, pero no especifican a partir de qué momento las labores de una unidad policial concreta pasan a estar bajo la única batuta del juez. Sí explica, no obstante, que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”. Y que compete “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales”.
Y recalca la norma que los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.
El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno en la expansión de la Covid-19 por autorizar una marcha feminista.
Grande-Marlaska destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno y señalaba a otros miembros del Ejecutivo. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de miembros del Ejecutivo.
La diferencia con el caso de Ceuta radica en que el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil actuaba en funciones de policía judicial en una causa abierta y declarada secreta, a diferencia de lo que ocurre con el escrito de
elDiario.es
IZQUIERDA
hace 1 h
El Ministerio de Transición Ecológica ve "indicios de delito" tras indagar sobre la aparición de una orca de la población del estrecho de Gibraltar con la aleta dorsal herida por perdigones en agosto pasado en aguas potuguesasDetenidos por matar a tiros a un lince y a otros depredadores para aumentar la caza en un coto de Cuenca
El Ministerio de Transición Ecológica pide a la Fiscalía que investigue el tiroteo de una orca en aguas de Portugal el pasado agosto. La investigación llevada a cabo por el Ministerio aprecia “indicios de delito” en los disparos realizados “desde un barco español”.
El animal, que tiene nombre propio, Toñi, al tratarse del ejemplar más longevo del estrecho de Gibraltar, presentaba heridas de arma de fuego en su aleta dorsal. Transición Ecológica informa de que tanto Toñi como su grupo nadan ahora en aguas gallegas donde “han sido avistadas”. Las orcas son una especie muy migrante.
Además, según cuentan desde el Ejecutivo, también se ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para “la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables. También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas”.
La orca (Orcinus orca) es una especie protegida en España y su población en el estrecho y golfo de Cádiz (la de Toñi) calificada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas. Disparar contra un ejemplar podría entrar en el tipo penal de delito contra la fauna protegida cuya pena prevista en el Código Penal oscila entre seis meses y dos años de cárcel.
elDiario.es
IZQUIERDA
hace 2 h
Se trata del mismo jugador que está siendo juzgado, junto a otros tres canteranos del equipo madrileño, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil
El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio acaba de ser condenado en un jucio rápido por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio en la isla de Gran Canaria.
Según ha adelantado el periódico Atlántico Hoy, Asencio fue interceptado el pasado 16 de agosto en un control preventivo de tráfico en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, concretamente, a la 6.30 horas en el kilómetro 37,5 de la autovía GC-1, cuando conducía un Porsche Macan GTS.
Al realizársele la prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 0,9mg/l. La tasa permitida es de 0,25 (en aire), por tanto superaban en más de tres veces el límite permitido.
Al superar los 0,60 mg/l, se considera que la infracción es un delito penal, que, en algunos casos, puede acarrear incluso penas de prisión. Ese día, Asencio iba acompañado por otra persona que se hizo cargo del coche tras comprobarse que estaba en condiciones de conducir.
A continuación, se celebró un juicio rápido el día 19, que acabó condenando al jugador.
Se le ha impuesto una multa de cuatro meses a razón de una cuota diaria de 120 euros, unos 14.400 euros en total, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.
Se trata del mismo jugador que está siendo juzgado, junto a otros tres canteranos del equipo madrileño, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil.
De hecho, Asencio debe comparecer este jueves ante la juez de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en el juicio por caso del vídeo sexual.
El defensa espera quedar libre en esa misma vista en cuanto las dos víctimas confirmen formalmente que le perdonan por haber mostrado esas imágenes (grabadas sin su consentimiento y siendo una de ellas menor de edad en el momento de los hechos) a otra persona cuando las recibió en su móvil, tras haberse disculpado en privado con ellas y haberlas indemnizado.