El País
C-IZQ
hace 28 min
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IZQUIERDA
hace 1 h
El tribunal le permite fijar su residencia en Grecia, debiendo acudir una vez al mes a firmar al consulado español; el futbolista valenciano recurrió la condena de ocho años de prisión por agredir sexualmente a una joven en su chalet en BéteraRafa Mir recurre la condena a ocho años y medio por agresión sexual y tilda la sentencia de “autocrática” y “arbitraria”
El futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años de prisión por agresión sexual, formaliza su traslado a Salónica para jugar en la próxima temporada. Tras el visto bueno de la Audiencia Provincial de Valencia para el cambio de residencia, el Sevilla FC acuerda la cesión del jugador con el Aris de Salónica durante un año, un acuerdo que incluye la posibilidad de compra.
El tribunal valenciano ha estimado la solicitud de Mir, que actualmente tenía contrato con el Sevilla, para trasladar su residencia a la ciudad griega, y deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español. Este martes, el club andaluz ha comunicado el acuerdo en un escueto escrito: “El Sevilla FC y el Aris de Salónica han llegado a un acuerdo para la cesión, con opción de compra, de Rafa Mir. El delantero ya jugó a préstamo en las dos últimas temporadas en el Valencia CF y el Elche CF. En el curso 2024-2025 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos”.
La Sección Cuarta de la Audiencia condenó al deportista a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven al considerar probado que Mir, jugador del Valencia CF en el momento de los hechos, agredió a una joven a la que había conocido previamente en un local de la capital, en la noche del 31 de agosto de 2024 en el propio domicilio del futbolista en Bétera. Mir ha recurrido su condena, alegando que la sentencia es “autocrática” y “arbitraria”.
elDiario.es
IZQUIERDA
hace 1 h
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sindicatos, ONGs y todos los líderes de la oposición de izquierdas en Andalucía cargan contra Feijóo y el presidente Juanma Moreno por dar a la ultraderecha el control de un servicio psicosocial a mujeres agredidas que tildaron de "ideológico", estando en la oposición, y exigieron depurar a sus empleados públicos
Moreno cede a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género que los de Abascal pedían “depurar” por su “sesgo ideológico”
Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.
No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la lucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas -que los afectados llamaron “caza de brujas”- apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía, en el primer Gobierno de Juanma Moreno sustentado por la ultraderecha.
La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestionamiento todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales -psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales- que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor y la desprotección de los menores, articulando una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.
Todo esto generó una enorme polémica entonces y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó la garganta llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de Vox; y Serrano se mofó de su “alarmismo” tildándole de “planchabragas”.
Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de ceder a esa misma ultraderecha el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a la Consejería de Justicia que pilota su líder, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha cimbreado la política andaluza y nacional en pleno mes de agosto.
Desde el Ministerio de Igualdad, pasando por la dirección federal socialista o la líder regional del sindicato CCOO, hasta los primeros espadas de todas las formaciones de izquierdas en la oposición -PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía- han salido en tromba para condenar esta cesión de funciones a una formación que abandera el negocionismo contra la violencia de género y que, estando en la oposición, pidió “depurar” a los empleados públicos de estas unidades de valoración por un supuesto “sesgo ideológico”.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que aclare si con esta medida está desmarcándose del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por socialistas y populares junto a otras formaciones en diciembre de 2017.
“Aquí, las consecuencias del pacto PP-VOX en Andalucía. La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?”, ha escrito en su cuenta de X, con un enlace a la información adelantada por este periódico. Su número dos, la secretaria de Estado por la Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura aún: “A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes”, ha defendido.
elDiario.es
IZQUIERDA
hace 2 h
La exconcejal de Urbanismo del PP de Alicante y otras personas vinculadas al escándalo han devuelto las viviendas, pero el equipo de Barcala considera que “incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”
El Ayuntamiento rechaza comprar las VPO de Alicante devueltas por cargos del PP como prometió el alcalde: “No las pueden asumir familias vulnerables”
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este martes que el Gobierno valenciano “baraja la opción” de comprar las viviendas de Les Naus de Alicante para evitar que se especule con las mismas. “Es una cuestión judicializada y nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial” ha añadido Barrachina en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.
El portavoz del Gobierno valenciano ha precisado que en este momento está estudiando la adquisición de esas viviendas, como única opción, pero ha indicado que todavía “no está resuelto” este asunto. Esta posición del Gobierno valenciano, contrasta con la mostrada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sobre las viviendas devueltas por su exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y por otros investigados en la causa que devolvieron sus viviendas tras saltar el escándalo. “Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”, defendió el PP de Alicante en un pleno.
Preguntado también sobre la situación actual del Plan Vive, Barrachina ha manifestado que el Consell se siente “muy orgulloso” de haber pasado de cero a 6.000 viviendas de promoción pública en estos últimos tres años y ha afirmado que su compromiso es llegar a las 10.000.
“Desconozco si vamos a alcanzar el 100% de los compromisos, pero pasar de cero a 6.000 no es un paso, es un salto gigante”, ha agregado.
El portavoz del Consell ha criticado asimismo que el anterior Gobierno del Botànic “no solo dedicó cero a la promoción pública, sino que demonizó la promoción privada”.
Ha defendido asimismo qué medidas como “la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales para nuestros jóvenes o la política de avales para la entrada” de un piso están facilitando el acceso a la vivienda ante “el problema gigante de la desaparición de oferta por la inseguridad jurídica que genera cada una de las medidas intervencionistas del Gobierno socialista”.
