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elDiario.es
IZQUIERDA
hace 2 h
El Alto Tribunal rechaza la pretensión de la fundación ultra de anular el Real Decreto del Gobierno que creó en abril de 2025 el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de entidades y le impone el pago de 4.000 euros en costasLa Audiencia Nacional rechaza paralizar la resignificación de Cuelgamuros como pedía Abogados Cristianos
Nuevo varapalo judicial para los Abogados Cristianos en su ofensiva contra la memoria histórica. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir el recurso que la fundación interpuso contra la puesta en marcha de dos de los órganos que ordenó crear la ley en 2022: el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de entidades. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal avala ambos instrumentos e impone 4.000 euros en costas a la organización ultracatólica.
Abogados Cristianos, que mantiene una intensa batalla judicial contra las medidas del Gobierno en esta materia, recurrió el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en abril de 2025 para regular tanto el Consejo de Memoria de la Memoria Democrática, que es un órgano consultivo y de participación de las organizaciones, como el Registro Estatal de Entidades memorialistas. En este, se puede inscribir las asociaciones que tengan entre sus fines la difusión y preservación de la memoria histórica.
Para Abogados Cristianos, su regulación “no es neutral y persigue fines ideológicos”, según describió en su recurso, en el que sostuvo que la creación de ambos entes “constituye un instrumento deliberado para ocultar o minimizar la persecución religiosa durante la Guerra Civil, perpetrada principalmente en la zona republicana contra la Iglesia católica y sus fieles”. Una supuesta “ocultación” que, a su juicio, viola la Constitución porque “ignora o relega a un segundo plano” a “miles de víctimas religiosas” y supone un “revisionismo histórico ideológicamente motivado”.
A lo largo de todo el recurso, la fundación despliega el habitual argumentario de la ultraderecha, con el que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “imponer una narrativa ideológica orientada hacia la 'memoria histórica' del Gobierno, excluyendo perspectivas alternativas” y de “favorecer” a colectivos “afines”. El recurso asegura además que el registro de entidades “establece un sesgo ideológico” que “excluye explícitamente” a organizaciones que “promuevan una visión reconciliadora o defensora de la persecución religiosa, como asociaciones religiosas o conservadoras”.
Rechazada la medida cautelar de suspender ambos órganos, como pedían los ultracatólicos, el Supremo entra al fondo del asunto e inadmite el recurso al concluir que la fundación “carece de legitimidad activa” debido a que sus fines estatutarios no tienen relación directa con el Real Decreto. Entre sus objetivos están la defensa de los cristianos, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida o la libertad religiosa, cuestiones que, considera el tribunal, son “muy generales” y “no tienen vinculación” con la norma recurrida. “No hay referencia alguna a actividades de memoria democrática”, apunta.
El auto señala a Abogados Cristianos por plasmar “conjeturas” en forma de “hipotéticas transgresiones de derechos” cuyos posibles afectados podrán defenderse “en el futuro”, concluyen los magistrados de la Sala Tercera. Otro de los argumentos de la fundación fue que le había sido denegada su solicitud para inscribirse en el registro de entidades, sin embargo, el Supremo descarta que ello pueda sustentar el recurso porque, al menos según el auto, quien pidió la adhesión al registro fue la Asociación Abogados Cristianos —siendo esta una fundación—, lo que lleva a los jueces a concluir que de “una entidad jurídica diferente”.
La ofensiva contra la memoria
Esta es la segunda derrota judicial de Abogados Cristianos en menos de un mes, después de que el pasado 13 de julio la Audiencia Nacional rechazara paralizar cautelarmente la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Lo hizo tras el recurso de la entidad contra el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Arzobispado de Madrid para pactar los términos en los que va a transformarse el mausoleo franquista.
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