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La crisis de la vivienda no se iba a resolver con dos decretos. Pero millones de inquilinos podían ganar algo que hoy les falta: la tranquilidad de saber que seguirán en sus casas. El Gobierno había dejado por el camino algunas de las medidas más ambiciosas para buscar un acuerdo. Lo que entró en el Congreso no era perfecto, pero suponía un avance importante. Lo que salió fue otro portazo.
En esta legislatura nunca hubo una mayoría progresista en el Parlamento. Pero no hace falta ser de izquierdas para necesitar una casa, ni para indignarse cuando desahucian a una anciana de 87 años. No hace falta siquiera ser inquilino precario para revolverse ante una injusticia flagrante. Hay un nuevo sentido común, que está despertando con las acampadas y las protestas ciudadanas. Una mayoría cada día más amplia, que ya no acepta que un techo sea un lujo.
Aparece en todas las encuestas: cada vez son más los españoles que piden regular el alquiler, topar precios, gravar las casas vacías o priorizar la vivienda pública. Incluso entre los votantes de derechas. Otro dato, que hoy publicamos: un 73% de los españoles respaldarían una huelga general por la vivienda. Entre ellos, un 60% de los votantes de PP y Vox.
Es ya la opinión mayoritaria: un bien de primera necesidad no puede ser un simple producto de mercado. Es el mismo principio por el que el agua que sale del grifo cuesta lo que vale producirla, no lo que estarías dispuesto a pagar si te murieras de sed. Y cuando hay sequía, los cortes de suministro son para todos: no solo para los pobres.
Así lo ha entendido el PNV, ese partido poco sospechoso de antisistema. También Coalición Canaria, otra formación conservadora. Así lo entendió Junts, al menos en los primeros días. Parece increíble conociendo el desenlace, pero el partido de Puigdemont fue de los primeros que se movieron en la derecha, tras el desahucio de Maricarmen, para pedir medidas urgentes contra los fondos buitre.
El martes, en un corrillo de periodistas en el patio del Congreso, Míriam Nogueras presumió de que las izquierdas se quejaran del “decreto Junts”, como ella misma lo llamaba: “Que estén enfadadas es un buen ejemplo de que hemos conseguido nuestras cosas”.
Míriam Nogueras decía la verdad: Junts había logrado más que nadie en esa negociación. Su partido validó cada punto del decreto, según explican fuentes del Gobierno. No solo son de Junts varias medidas concretas, como las bonificaciones fiscales para caseros o que el impago de los alquileres de personas vulnerables lo asumiera el Estado. El Gobierno también les trasladó cada paso que daba con otros partidos. Conocían de antemano cada detalle de la nueva regulación, y no pusieron pegas. Se comprometieron a aprobarla.
La división en dos decretos también buscaba agradar a Junts (y al PNV). Así podían votar a favor de la mayoría de las medidas sin aceptar el alquiler indefinido, que las derechas rechazaban.
Todo iba bien hasta que empezaron las llamadas.
Dice Junts que su ‘no’ al decreto es porque se queda corto: porque no protege a los inquilinos vulnerables. Basta con repasar sus propuestas para comprobar que esto es falso. Todas van en la misma dirección: recortar el decreto que habían pactado a favor de los caseros, o incluso endurecer los desalojos de los “okupas” por la vía penal. En algunos asuntos, como el alquiler de temporada, Junts incluso se desdice de lo que defendía. En diciembre de 2025, fue este partido quien planteó en el Parlament catalán una regulación contra este fraude. Ya no lo piden.
Desde el Gobierno aseguran que este cambio en la posición de Junts solo responde a una cosa: a la presión de la patronal, al interés de quienes ganarían menos si este decreto se hubiera aprobado. “Vivir en Waterloo tantos años no es barato, hay que pedir ayuda a muchos empresarios que después te exigen estas cosas”, dicen fuentes gubernamentales. La dureza de la crítica es una muestra de su cabreo.
La frase con la que Sánchez ha cerrado el debate parlamentario ha sido bastante clara: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.
“Antes de lo que creen”. Tal vez en menos de dos meses.
Como adelantó en exclusiva elDiario.es, Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales tras el no a los decretos de vivienda. La fecha más probable es el 29 de noviembre, el primer domingo que permiten los plazos. Decidirá este fin de semana y, si se lanza, el anuncio llegará en cuestión de días. En un sentido u otro, probablemente lo sabremos el lunes.
Solo Sánchez sabe si dará este paso. La convocatoria electoral anticipada e
