Los vocales progresistas del Poder Judicial piden a Perelló que haga "autocrítica" en la apertura del año judicial

Los magistrados señalan que la defensa de la independencia judicial debe ir acompañada de "responsabilidad" y no puede excluir "la crítica legítima a las resoluciones judiciales"Dos años de nombramientos del Poder Judicial blindan el dominio conservador en las cúpulas de los tribunales
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han impulsado un escrito para pedir a la presidenta de la institución, Isabel Perelló, que durante su discurso de la apertura del año judicial haga “autocrítica” y no se limite a “presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones”. Además, añaden que la defensa de la independencia judicial debe ir acompañada de “responsabilidad y rendición de cuentas”: “La independencia no excluye la crítica legítima a las resoluciones judiciales ni puede utilizarse para evitar el análisis de las disfunciones”.

Los vocales reconocen los avances en cuestiones como el despliegue de los tribunales de instancia, la creación de 500 plazas judiciales y la convocatoria de otras 500 plazas de acceso a la carrera judicial. Pero estas cuestiones no pueden ocultar que “persisten demoras, disfunciones estructurales y graves dificultades en jurisdicciones especialmente sensibles”, ante lo que entienden que la presidenta del CGPJ debería explicar qué medidas concretas se adoptarán para garantizar el derecho a un proceso que aborde “el problema de las dilaciones”.

“El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de representación de la carrera judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial. Es un órgano constitucional con competencias propias y responsabilidades directas sobre aspectos esenciales del funcionamiento de la justicia. Por ello, el discurso debería realizar una reflexión crítica y autocrítica sobre la actuación del Consejo y sobre las medidas que le corresponde adoptar”, dice el documento, firmado por Ángel Arozamena Laso, Lucía Avilés Palacios, Ricardo Bodas Martín, Esther Erice Martínez, Bernardo Fernández Pérez, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Luís Martín Contreras y Argelia Queralt Jiménez.

“La falta de medios no puede convertirse en una explicación exclusiva de todos los problemas”, lamentan. La credibilidad del Consejo “exige autocrítica, ejercicio efectivo de sus competencias y compromisos susceptibles de evaluación”.

Los magistrados creen que los acontecimientos de Ceuta han puesto de manifiesto la necesidad de que las instituciones sean capaces de “articular respuestas rápidas y coordinadas” cuando están en juego los derechos fundamentales de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Y piden, asimismo, que en la apertura del año judicial se reafirme el compromiso del CGPJ con la igualdad y se avance en la incorporación de la perspectiva de género. “La violencia contra las mujeres exige una respuesta judicial especialmente eficaz, coordinada y sensible a las circunstancias de las víctimas”.

“La recuperación de la confianza exige colaboración leal, transparencia y rendición de cuentas. La situación de la justicia no puede resolverse mediante actuaciones aisladas ni a través de la confrontación permanente entre instituciones. El Consejo, el Gobierno, las comunidades autónomas, los órganos de gobierno de los tribunales y las corporaciones profesionales deben colaborar de forma leal y respetuosa, sin que esa colaboración impida exigir los medios necesarios ni delimitar las responsabilidades de cada institución”, finalizan.