La visita del papa León XIV: la discapacidad frente a la cultura del descarte

La visita del papa León XIV a la Argentina, y en particular al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el 9 de noviembre, pone la discapacidad en el centro de la escena. El gesto de encontrarse con quienes viven allí y con quienes los acompañan expresa una mirada opuesta a la indiferencia: las personas no son cifras ni cargas, y sus derechos no pueden depender de la conveniencia política. Sería una contradicción recibir al Papa mientras se desoyen esos reclamos.Esta mirada expresa una línea sostenida por la Iglesia, que el papa Francisco puso en el centro de su pontificado al advertirnos sobre una de las formas más crueles de organización de nuestras sociedades: la cultura del descarte. Una lógica que convierte a las personas en números, mide su valor por su productividad y descarta a quienes no encajan en las reglas del mercado. Naturaliza la indiferencia y nos convence de que hay vidas que importan más que otras.En la Argentina, esa cultura se expresa cruelmente en el trato del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad. No se trata de recortes presupuestarios: según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, garantizar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad representaría entre el 0,4 % y el 0,7 % del PBI. Es una forma de ejercer el poder marcada por la agresividad, el desprecio y la falta de escucha hacia un colectivo que necesita garantías y apoyos del Estado.Para sostener su programa económico, el Gobierno necesita una sociedad de individuos aislados, donde cada uno resuelve sus problemas y la solidaridad sea una carga, no una responsabilidad compartida. Esa es parte central de su batalla cultural.Durante estos años, las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores e instituciones tuvimos que enfrentar decisiones que agravaron una situación crítica. El Gobierno vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso debió insistir en su sanción y fue necesaria la intervención de la Justicia para exigir su implementación. A eso se sumaron las dificultades para acceder a prestaciones, la incertidumbre sobre las pensiones y las denuncias de irregularidades y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.La respuesta fue profundamente violenta.