Un vecino del barrio de Flores deberá indemnizar a una mujer que tropezó en la vereda frente a su casa

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó casi en su totalidad la condena contra el propietario de un inmueble ubicado en el barrio porteño de Flores por la caída de una mujer en una vereda deteriorada. El tribunal, que también responsabilizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elevó de $100.000 a $150.000 el monto previsto para gastos médicos y traslados, por lo que la indemnización pasó de $3 millones a $3,05 millones, más intereses.Los jueces de la Sala G rechazaron los cuestionamientos centrales de la demandante sobre las sumas concedidas por incapacidad física y daño moral, aunque aceptaron parcialmente su reclamo respecto de los gastos derivados de la atención y los desplazamientos posteriores al accidente.El hecho que originó la causa ocurrió el 4 de enero de 2012. Según sostuvo la reclamante, caminaba por la acera cuando tropezó con un pozo y cayó sobre su lado izquierdo. La demanda indicó que, tras la caída, personal de Gendarmería tomó sus datos y luego arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias. La mujer, que en ese momento tenía 65 años, fue trasladada a un hospital, donde recibió atención por lesiones en el brazo y el codo izquierdos.En el expediente se incorporaron constancias médicas, información del SAME y actuaciones de una causa penal iniciada tras el episodio. También declaró un vecino que dijo haber presenciado la caída y describió que la vereda se encontraba rota y sin mantenimiento desde hacía años.El fallo de primera instancia, dictado en marzo de 2025, consideró acreditado que la caída se produjo por el mal estado de la acera. El juzgado entendió que el deterioro de una vereda puede constituir un riesgo para quienes circulan a pie, en especial cuando presenta desniveles, roturas u obstáculos.La sentencia responsabilizó tanto al dueño del inmueble frentista como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto del particular, el juzgado señaló que las normas locales asignan a los propietarios la obligación principal de construir, mantener y reparar las veredas frente a sus predios.En relación con el Gobierno porteño, el magistrado sostuvo que tiene el deber de controlar que las aceras ofrezcan condiciones razonables de circulación.