Urbagestión niega que el Gobierno intentara comprar la vivienda de Maricarmen para evitar su desahucio
elDiario.es · hace 1 h
La propietaria del piso de Maricarmen niega ser un "fondo de inversión" y acusa al Sindicato de Inquilinas de "presiones y coacciones desproporcionadas"El relator de la ONU para Vivienda asegura que la jueza “debería haber parado” el desahucio de Maricarmen
Urbagestión, la propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen, a sus 87 años y en silla de ruedas, ha negado públicamente que el Gobierno tratara de comprar la vivienda para evitar el lanzamiento de la anciana y ha acusado al Sindicato de Inquilina de “presiones y coacciones desproporcionadas”.
En un comunicado difundido un día después del desahucio, que ha provocado un verdadero terremoto social y político, la empresa -que niega ser un “fondo” y asegura ser solo una “pequeña empresa” con solo una vivienda en propiedad“- se defiende en su actuación ante, lo que consideran, ”el uso espurio y político del caso“.
La nota firmada por la abogada Silvia Fernández trata de aclarar datos “inexactos”, dicen, que se han difundido en los últimos días, y defienden que el contrato de arrendamiento con Maricarmen era ilegal, con su extinción confirmada por la justicia, y que su permanencia era “tolerada” por la propiedad.
“Desde entonces, la propiedad ha tolerado la permanencia de la inquilina en la vivienda con ánimo pacificador, sin ejercer presión, mientras asumía los gastos del inmueble y el abono de la hipoteca”, se defiende la compañía, cuyos administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que aparecen vinculados a negocios variopintos, del alimentario al ladrillo y financiero.
En el comunicado, la compañía dice que la renta que abonaba Maricarmen, hasta la extinción del contrato, era de 200 euros mensuales, más 220 o 250 euros de gastos de comunidad que incluyen los consumos de agua y calefacción, “sin actualizaciones en los últimos ocho años”.
Además, Urbagestión acusa a Maricarmen de haber residido con anterioridad en otra dirección: “Resulta relevante dejar constancia que, según consta en el padrón municipal, la inquilina estuvo residiendo y empadronada con antelación en Collado Mediano hasta 2001”, apuntan.
El Ministerio de Vivienda ha asegurado que intentaron tantear a Urbagestión para hacerse con la propiedad mediante la empresa pública de vivienda, Casa 47, pero Urbagestión lo niega: “Ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 han formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente. La única propuesta de compra recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas, que instó a la propiedad a vender la vivienda a una cooperativa del entorno del Sindicato, circunstancia que la propiedad puso en conocimiento del juzgado, advirtiendo el anómalo proceder”. Sobre su papel mediador, dicen que el Gobierno no llegó a concretar “una oferta cierta y por escrito”.
