La UE propone restringir la compra de segundas residencias en zonas tensionadas y penalizar fiscalmente las viviendas vacías

La Comisión Europea diseña unos condicionantes y exigencias muy estrictas para demostrar que una zona urbana está tensionada por los precios y obliga a las administraciones a demostrar que la actividad que se pretende restringir, ya sea alquiler temporal o compra de vivienda no habitual, está contribuyendo a mejorar la accesibilidad a la viviendaEl precio de la vivienda sube un 8,8% en el primer semestre y supera los 2.100 euros el m² aunque las ventas caen un 7,7%

Con el 50% de los habitantes de las ciudades europeas que consideran que el acceso a la vivienda es un problema inmediato y urgente, la Comisión Europea ha dado un paso para facilitar la seguridad jurídica a las Administraciones públicas que decidan actuar. La Ley de Vivienda Asequible que se ha presentado este miércoles tiene como principales novedades que facilitará la restricción de la compra de segunda residencia en zonas tensionadas, especialmente a personas jurídicas, y propone que se pueda penalizar fiscalmente las viviendas vacías. Sin embargo, la Comisión ha diseñado unos condicionantes y exigencias muy estrictas para demostrar que una zona urbana está tensionada por los precios y obliga a las administraciones a demostrar que la actividad que se pretende restringir, ya sea alquiler temporal o turístico o la compra de vivienda no habitual, además de las medidas sobre la vivienda desocupada están contribuyendo a mejorar la accesibilidad a la vivienda.

Una de las medidas que tendrán respaldo legal es la limitación de pisos turísticos en áreas con mercados tensionados, pero es menos relevante para España porque ya está recogida en la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno. En este caso, Bruselas añade que las autoridades tienen que demostrar que esta actividad comercial tiene un impacto adverso en acceso a la vivienda residencial durante los tres años anteriores a la adopción de la medida.

Desde la institución europea apuntan que el objetivo de este paquete normativo es preservar un contingente de viviendas para que sean hogares permanentes y no se conviertan en un producto para la especulación. El paso de la Comisión es decisivo y ha supuesto un revulsivo en Bruselas. De hecho, las formaciones políticas de derechas han mostrado su posición contraria a la propuesta de la restricción a la compra de segunda vivienda. Ha sido tal la marejada que desde la institución europea se han insistido constantemente que no es obligatorio cumplir con estas medidas, las cuales ya están en la legislación de varios países europeos. Ahora queda un largo camino legislativo, ya que la medida tiene que pasar por el Parlamento europeo y el Consejo Europeo.

Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, ha declarado en la presentación de las medidas que “hay una crisis de la vivienda. Tenemos que actuar. Hoy estamos dando a los Estados miembros y a los gobiernos locales herramientas que pueden utilizar para introducir medidas que ayuden a resolver algunos de los problemas a los que nos enfrentamos. Las cifras son claras. En los últimos diez años, los alquileres han aumentado un 59% en Berlín, un 75% en Madrid y un 103% en Lisboa. Esto significa que personas con empleos normales —enfermeras, profesores, policías— a menudo ya no pueden vivir en los lugares donde trabajan y prestan sus servicios. Una vivienda, un hogar, no debería un producto de mercado. Tener un hogar es un derecho humano”.
Seguridad jurídica frente a la alta litigiosidad
Lo que pretende la iniciativa es estableces un marco jurídico para que ayuntamientos y comunidades autónomas, en el caso de España, no tengan que enfrentarse a una alta carga de litigiosidad por las denuncias de grandes propietarios contra las medidas para bajar impuestos. París, Ámsterdam y Florencia, por ejemplo, han introducido sistemas de licencias o restricciones a los nuevos alquileres de corta duración. Los esfuerzos de estos ayuntamientos han sido respondidos con demandas judiciales. Airbnb recurrió la multa de 64 millones de euros impuesta por España por ofrecer anuncios ilegales. La Comisión ve como un problema que las denuncias tengan a las autoridades locales inmersas en costosas y prolongadas batallas judiciales.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Competencia, ha señalado que “el hecho de que distintos alcaldes y numerosos ayuntamientos hayan ido adoptando medidas concretas dentro de sus propias competencias, con enfoques muy diferentes para hacer frente a este problema, y que en muchos casos estas medidas hayan sido recurridas ante los tribunales alegando que vulneran alguna de las libertades consagradas por la normativa de la UE, demuestra que es importante contar con un marco común. No es obligatorio. Se puede aplicar o no. Tiene que ser proporcionado y debe responder a determinados criterios para garantizar que esa proporcionalidad se mantenga”.

La Comisión asegura que La Ley de Vivienda Asequible “protege la segu