'Política para supervivientes' es una carta semanal de Iñigo Sáenz de Ugarte exclusiva para socios y socias de elDiario.es con historias sobre política nacional. Si tú también lo quieres leer y recibir cada domingo en tu buzón, hazte socio, hazte socia de elDiario.es
Anda como un bulo, nada como un bulo, grazna como un bulo, pero no, no es un pato, son cuatro jueces del Tribunal Supremo. Círculos esotéricos de la derecha llevan unos años dudando de la integridad de los procesos electorales españoles. Casi en cada cita con las urnas salen algunos colgaos invocando el nombre de Indra para alentar sospechas sin base. 180.942 españoles formaron parte de las mesas electorales en los últimos comicios de 2023. Son la mejor garantía de un sistema que ha funcionado como una seda desde 1977.
Uno de esos funambulistas del embuste es un magistrado del Supremo que forma parte de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha suspendido el derecho al voto de los nuevos españoles a los que la Ley de Memoria Democrática de 2022 concedió la nacionalidad por ser hijos o nietos de exiliados del franquismo. En su etapa de fiscal, Antonio Narváez estuvo en la cena que mantuvieron unos cincuenta fiscales conservadores con Alberto Núñez Feijóo en 2023, una cita que el líder del PP intentó mantener en secreto. Además de expresar en el acto su ferviente deseo de que Feijóo llegara a Moncloa, Narváez hizo una mención de pasada a Indra, la empresa que tiene un papel importante en la gestión informática de los procesos electorales, cuando describió “el deterioro de las instituciones” causado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un jurista de plena confianza del PP. Fue elegido miembro del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta de ese partido. Y de ahí directo al Tribunal Supremo para seguir con su inestimable trabajo.
Si algunos de vosotros tiene la tentación de criticar a los miembros de esa Sala o de dudar de la imparcialidad del juez Narváez, que sepáis que eso no le gusta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. En su discurso en la apertura del año judicial de esta semana, dijo que era de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas. Es más, afirmó que esa imputación “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”.
Evidentemente, Perelló no se atrevió a mencionar las encuestas que revelan la caída en la reputación de la justicia entre los ciudadanos. El 53% de los españoles opina que los jueces no son independientes en España, según una encuesta de El Periódico publicada en julio. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), según otro sondeo de El País, también de julio. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Otra encuesta de este diario afirma que el 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. “Hay jueces que están haciendo política”, suscribe un 58% de los encuestados por La Vanguardia.
Perelló prefirió continuar tan ricamente en su burbuja judicial al afirmar en su discurso que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. Así que los que digan que no que sepan que están imputando un delito y que se atengan a las consecuencias.
Con su decisión, el Tribunal Supremo ha suscrito por entero las sospechas manifestadas por el PP y Vox sobre la decisión de otorgar la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Por si quieren votar, claro, que es un derecho que tienen todos los españoles gracias al sufragio universal. “Lo que hay detrás es ingeniería electoral. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, va a ver si fabricando votantes le salen”, dijo Feijóo en junio.
Feijóo en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.
