El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala incorpora antecedentes de violencia para definir los nuevos centros de votación de las elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala incorporó los antecedentes de violencia y la conflictividad social municipal como criterios para definir los nuevos centros de votación de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano de 2027. La medida busca descentralizar el voto rural sin ignorar los riesgos de seguridad que ya afectaron procesos electorales anteriores.La Dirección Electoral concluyó el 29 de octubre la verificación de campo de 751 propuestas de circunscripciones electorales municipales rurales en 20 departamentos. El relevamiento había comenzado en mayo con 674 solicitudes y sumó pedidos de líderes comunitarios durante su desarrollo.En 2025, el tribunal también verificó las cabeceras municipales de 93 municipios, donde identificó 572 alternativas para nuevos centros. El proyecto definitivo deberá ser aprobado por el pleno de magistrados antes de la convocatoria formal a los comicios.La violencia electoral como factor para definir nuevas sedesLa directora electoral Gloria López explicó ante los partidos políticos que la evaluación de riesgo combina información de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público en algunos casos, líderes comunitarios, habitantes de las zonas visitadas y registros de violencia electoral de comicios previos.El análisis busca establecer una visión objetiva de cada localidad antes de autorizar la apertura o el traslado de un centro de votación. La conflictividad se evalúa junto con los requisitos establecidos en los artículos 231 y 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.La norma obliga a instalar centros en aldeas, caseríos o centros poblados con más de 500 personas empadronadas. También se consideran la distancia hasta la cabecera municipal, el tiempo y costo de traslado de los votantes, la disponibilidad de servicios básicos y el estado de los caminos de acceso.El TSE activó dos instancias para atender los municipios con mayor riesgo: la Mesa de Prevención de la Conflictividad Electoral, a cargo del magistrado Velázquez, y la Mesa Interinstitucional de Seguridad, dirigida por el magistrado Jiménez. La segunda había sido instalada un día antes de la reunión mensual con las agrupaciones políticas.Un magistrado de la región dos, que abarca departamentos como Retalhuleu y Alta Verapaz, indicó que ya fueron identificados municipios con antecedentes conflictivos.