Sustitución de coca en Colombia: miles de campesinos siguen esperando los pagos prometidos por el Estado

La transición de los cultivos de coca hacia actividades económicas legales sigue siendo una tarea inconclusa en varias regiones de Colombia. Cerca de diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, miles de campesinos continúan esperando que el Estado cumpla los compromisos adquiridos para abandonar los cultivos ilícitos y desarrollar alternativas de sustento.El problema quedó expuesto en un nuevo informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que examinó los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el desarrollo de la estrategia RenHacemos. El análisis advierte que las obligaciones pendientes afectan a cerca de 80.000 familias distribuidas en 61 municipios del país.La situación representa uno de los principales desafíos de la política de sustitución, pues los recursos invertidos durante los últimos años no han permitido demostrar que las comunidades hayan alcanzado condiciones económicas estables para dejar atrás la dependencia de la hoja de coca.Miles de familias siguen esperando el cumplimiento del PnisEl balance del programa muestra que, de los 79.518 hogares que permanecían activos en el Pnis hasta julio de 2026, apenas 46.689 habían terminado su Plan de Atención Individual (PAI). Esta cifra equivale al 58,7% de los beneficiarios.En contraste, otros 32.829 hogares, correspondientes al 41,3%, todavía tenían compromisos pendientes. Para estas familias, la falta de cumplimiento representa incertidumbre frente a los recursos y las alternativas productivas que esperaban recibir después de vincularse voluntariamente al proceso de sustitución.El panorama genera interrogantes sobre los resultados de una inversión que alcanza aproximadamente los 2,72 billones de pesos. Según la FIP, la información pública disponible no permite establecer con claridad si ese dinero consiguió mejorar los ingresos de los hogares ni si contribuyó a consolidar proyectos productivos capaces de mantenerse en el tiempo.El informe plantea que la ejecución presupuestal, por sí sola, no demuestra que las comunidades hayan logrado transformar sus condiciones económicas.