Sur Finanzas: la madre del financista cercano a la AFA dijo que vivía de su jubilación, pero fue procesada y embargada por $40.000 millones

La jubilación, una casa heredada y una vida sin lujos. La madre de Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas preso y procesado como supuesto jefe de asociación ilícita y lavado de dinero, sostuvo ante la Justicia que vive con un millón de pesos por mes, en la misma propiedad desde hace 40 años. Graciela Vallejo, de 66 años, aseguró que no tenía manera de conocer el origen de los miles de dólares y pesos que pasaron por sociedades que integró de manera “formal” en el entramado que forjó desde 2020 su hijo, el financista cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó y embargó a la mujer la tarde del viernes último por $ 40.000 millones por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y evasión. Es una de las pocas autorizadas por “razones humanitarias” a visitar a su hijo detenido con arresto domiciliario en un barrio privado.Para el magistrado, la madre del financista habría sido una figura “central” en las maniobras por las que se procesó a 18 acusados. En el procesamiento que firmó el viernes último, minutos después de las 18:30, el magistrado concluyó que la prueba desmiente que “su único ingreso fuera el haber jubilatorio que invoca”. Su intervención “excede la de quien ocupa cargos nominales, pues se mantuvo en todos los tramos de la maniobra, desde la agencia de cambio hasta la billetera virtual, de la que fue presidenta y oficial de cumplimiento”, agregó la resolución. La decisión no está firme y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de La Plata.La jubilación y la vivienda En un escrito que presentó su defensa, la mujer dijo que vive sola desde hace más de cuatro décadas en una vivienda que heredó de sus padres. Aseguró, además, que cobra una jubilación cercana a $ 1.000.000 mensuales y que no posee bienes de valor que permitan asociarla con el volumen de dinero bajo investigación. Fue indagada tres veces, se negó a hablar y a responder preguntas.La defensa sostuvo que hay dos líneas distintas de imputación. Una por la incorporación al circuito formal de USD 108.138.762 desde septiembre de 2020. La otra por los cargos que ocupó en diversas empresas del grupo y que habrían servido para ocultar a los administradores reales e integrar activos de origen presuntamente ilícito.