El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la ejecución de la condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el ‘caso mascarillas’, con una primera reclamación de 170.250 euros en multas y el inicio de los trámites para recuperar otros 430.298 euros en ganancias procedentes del cohecho. La Sala de lo Penal ha abierto formalmente la ejecutoria, el procedimiento destinado a hacer efectiva la sentencia, y ha requerido a los tres condenados para que abonen las cantidades impuestas.El exministro de Transportes deberá pagar 52.500 euros en multas; su antiguo asesor, 45.750 euros, y el empresario, 72.000 euros. Los tres disponen de un plazo de quince días para ingresar esas cantidades, bajo apercibimiento de que, si no acreditan el pago, se procederá por la vía de apremio.El tribunal exige también a Ábalos y Koldo García que indemnicen conjuntamente a las empresas públicas Ineco y Tragsatec con 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, por los perjuicios reconocidos en la sentencia. Ambos deberán responder solidariamente de los 43.950,54 euros, también en un plazo de quince días.El capítulo de mayor cuantía es, sin embargo, el decomiso de los beneficios que la sentencia atribuye a los delitos de cohecho. El Supremo reclama a los tres condenados 430.298 euros, con responsabilidad solidaria hasta cubrir la totalidad de las ganancias que el tribunal considera obtenidas por el grupo. No se trata de una multa adicional, sino de la recuperación del dinero y las ventajas económicas vinculadas a los delitos.El rastro de los 430.298 eurosLa sentencia desglosó esa cantidad en tres conceptos. El principal corresponde a los 340.000 euros que Aldama entregó a razón de 10.000 euros mensuales durante 34 meses. A esa suma se añaden 82.295 euros por el alquiler de la vivienda de la plaza de España de Madrid y otros 8.000 euros por la renta del chalé de Villa Parra, en Marbella.Los pagos mensuales, según consideró probado el Supremo, servían para atender los gastos fijos de Ábalos y formaban parte de la relación entre los integrantes de la organización. La Sala también apreció carácter delictivo en el pago de los alquileres de las viviendas vinculadas al exministro.