Las súplicas ignoradas antes del desahucio de Maricarmen

elDiario.es accede en exclusiva a las comunicaciones entre la entidad pública 'Casa 47' y la abogada de Urbagestión en las horas previas al desalojo y en las que se plantearon a la empresa distintas opciones para no desahuciar a Maricarmen tras meses de una mediación fallidaMaricarmen, desde el hospital: “Lo que quiero es que este problema con los fondos buitre se elimine de una vez”

El primer mensaje de WhatsApp entra en el teléfono de la abogada de Urbagestión a las 19.17 horas de este pasado martes 22 de septiembre, cuando cientos de personas se concentran ya frente a la casa de Maricarmen ante el inminente desahucio previsto para el día siguiente. “Disculpa mi insistencia, pero es urgente hablar con vosotros”. Quien intenta contactar a la desesperada con la representante legal de la empresa que iba a echar de su vivienda a una mujer de 87 años era Maribel Ramos, presidenta de Casa 47, la entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda.

Durante todo ese día, Ramos llama por teléfono a la que hasta ahora había sido su interlocutora, la abogada de la compañía, para que traslade a sus clientes una solución de última hora que pueda frenar el desalojo. Pero nadie atiende sus llamadas y por eso comunica por escrito que hay una donante anónima dispuesta a pagar los 2.600 euros de alquiler que exige la empresa y que Maricarmen, con una pensión de 1.400, no puede asumir. “Supongo que ya habéis visto la noticia. La donante nos pide hablar contigo o con alguien de la empresa para intentar llegar a un acuerdo. Te ruego, por favor, que al menos escuchéis la propuesta”.

En esa comunicación de WhatsApp a la que ha tenido acceso elDiario.es, la abogada de Urbagestión no da respuesta alguna a una solución que, en realidad, permite a sus clientes ganar todo el dinero que pretendían (cinco veces la renta que pagaba Maricarmen), y evita que echen de su casa de toda la vida a una mujer con un 50% de discapacidad física y un delicado estado de salud. Tampoco contesta la abogada a las llamadas ni a los mensajes del día siguiente en los que se le traslada la última súplica de la inquilina. “Te llamo para rogarte que aceptéis un mes de aplazamiento para buscar una alternativa. Su abogada se compromete a dejar en un mes la vivienda”. El mensaje se manda a las 10.32 horas de la mañana del miércoles y a esa hora un centenar de agentes de policía aparta a los cientos de personas que intentan parar el desahucio. Pero ya no hay marcha atrás porque la empresa ni siquiera responde a los ofrecimientos y la orden del juzgado es clara.

La actitud mantenida por la propia empresa y su representante legal a lo largo de los últimos meses ya adelantaba la imposibilidad de acuerdo alguno y la voluntad inequívoca de que solo se anhelaba un desenlace: el desahucio. Así lo evidencia al menos el rechazo sistemático a todas las propuestas que tanto la propia Maricarmen como el Gobierno, a través de Casa 47, hicieron llegar en los últimos meses y hasta el último minuto a Urbagestión, que ni siquiera permite ahora a la familia de la mujer desahuciada poder recoger su casa. El primero de esos ofrecimientos por parte del Gobierno tiene lugar el pasado 18 de junio, la primera vez que Maribel Ramos contacta personalmente con la abogada de la empresa.

En esa primera conversación, la representante de Casa 47 ofrece a la empresa participar en un proceso de mediación y pone todas las opciones sobre la mesa, según las fuentes consultadas al más alto nivel que están al corriente de la negociación y que han acreditado esas comunicaciones. Entre esas propuestas, se ofrece comprar el inmueble para el parque público de vivienda y para que Maricarmen pueda permanecer en su casa. O un plan B: una negociación sobre el precio del alquiler para poder ayudar a la inquilina con un complemento de renta pública a su pensión. A los dos días, el 20 de junio, la abogada de Urbagesa traslada la respuesta formal de parte de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, sus clientes y propietarios de Urbagestión SL: aceptan el proceso de mediación, pero en ningún caso la venta del piso, “única vivienda”, alegan, que posee la sociedad.

Descartada, por tanto, la compra de la vivienda, Casa 47 intenta ejercer entonces un papel de intermediación entre la inquilina y la empresa propietaria para alcanzar un acuerdo sobre su alquiler. Con ese objetivo hace llegar la primera propuesta a principios del mes de julio. Según la dirección de la entidad estatal de vivienda, se ofrece un contrato de arrendamiento de siete años con un precio negociado al alza en el que Maricarmen mantendría el pago de 500 euros pero el resto sería completado con un complemento de renta a su pensión. Es decir, un pago extra de la Seguridad Social que solo se concede en condiciones muy tasadas. En esa propuesta se ofrece a la propiedad una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a negociarse nuevamente al alza, y se pide co