Sentencian a 6 por tráfico de cubanos y lavado de $22 millones

Cinco ciudadanos cubanos y un estadounidense fueron sentenciados este jueves por su participación en una organización dedicada al tráfico de migrantes, fraude migratorio y lavado de dinero. La red operó durante varios años y llegó a mover más de 22 millones de dólares en fondos ilícitos, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Las autoridades explicaron que los implicados ofrecían sus servicios a través de redes sociales, principalmente a ciudadanos cubanos interesados en llegar a Estados Unidos. Los precios por los traslados oscilaban entre 1,500 y 40,000 dólares.



La organización utilizaba diferentes métodos para introducir migrantes al país. Algunos cruzaban ilegalmente la frontera sur, mientras que otros viajaban utilizando autorizaciones electrónicas ESTA obtenidas mediante información falsa. En determinados casos, los responsables llegaron a contratar vuelos privados para transportar grupos de personas.



Los investigadores determinaron que la red también ayudaba a ciudadanos cubanos con pasaportes europeos a solicitar autorizaciones de viaje. Para conseguirlas, presentaban información falsa sobre su residencia y sus viajes anteriores a Cuba.



Solo entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la organización gastó más de 600,000 dólares en boletos comerciales con una misma aerolínea.



Pero el negocio no terminaba con la llegada de los migrantes a territorio estadounidense. Los acusados también preparaban solicitudes fraudulentas de asilo y otros documentos para obtener beneficios migratorios. El Departamento de Justicia atribuye a la organización más de 1,700 solicitudes de asilo fraudulentas.



La abogada de inmigración Rosaly Chaviano explicó a Telemundo 51 que las investigaciones por este tipo de fraude pueden extenderse a los expedientes relacionados con las personas responsables de preparar las solicitudes.



Según Chaviano, las autoridades pueden revisar documentos que incluyan los nombres de los implicados o aquellos que sospechen que fueron preparados por ellos.



La abogada también se refirió a la preocupación de quienes llevan años esperando una respuesta sobre sus casos migratorios. En su opinión, esta investigación no debería provocar retrasos generalizados en otros expedientes, debido a que las unidades encargadas de investigar el fraude realizan funciones separadas dentro del sistema de inmigración.



Las sentencias



La condena más alta fue para Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 27 años, quien recibió cuatro años de prisión. Según los documentos judiciales, Vega-Pérez administraba el negocio de servicios migratorios y presentó personalmente cientos de solicitudes fraudulentas de asilo.



Layra Libertad Treto Santos, de 30 años, fue sentenciada a 30 meses de prisión por su participación en la preparación de documentos fraudulentos y otras actividades de la organización.



Miguel Martínez Vasconcelos, de 31 años; Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32; Walbis Pozo-Dutel, de 32; y Emanuel Martínez González, de 29, recibieron condenas de dos años de prisión cada uno.



Los investigadores también descubrieron que los conspiradores utilizaron empresas fachada y diferentes operaciones financieras para ocultar el origen del dinero. Entre 2021 y 2025, lavaron más de 22 millones de dólares.



Además de las penas de prisión, un tribunal ordenó el decomiso de 2.9 millones de dólares a Escalona-Marrero, 150,000 dólares a Martínez Vasconcelos y 95,000 dólares a Treto Santos.



La investigación involucró a 12 personas. Entre los otros acusados, Erik Ventura-Castro fue sentenciado en julio a 30 meses de prisión, mientras que Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez fue declarado culpable tras un juicio celebrado en septiembre y todavía espera sentencia.



Otros dos implicados, Yuniel Lima-Santos y Gisleivy Peralta Consuegra, se declararon culpables y permanecen a la espera de sus condenas.



Las autoridades continúan buscando a Marianny Lucía López-Torres y Frandy Aragón-Díaz, quienes permanecen prófugos.



El caso fue investigado por varias agencias federales, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza del sector Miami y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).



Chaviano recordó la importancia de buscar asesoramiento migratorio confiable y evitar acudir a personas que prometan resultados mediante información falsa o documentos fraudulentos.



La abogada advirtió que cometer fraude en una solicitud migratoria puede tener consecuencias graves, incluso para quienes posteriormente intenten obtener otro beneficio legal en Estados Unidos.