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El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

Infobae · hace 8 días
El dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorrodenunció que el Estado de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social entre 2020 y abril de 2026. El exrecluso político pidió a S&P Global Ratings que considere esas operaciones al evaluar el riesgo de inversión del país, después de que la calificadora elevara la nota soberana de Nicaragua de B+ a BB- con perspectiva estable.Chamorro, uno de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, perdió entonces su nacionalidad y sus bienes. La misiva que dirigió a la agencia calificadora fue hecha pública por el dirigente y difundida por EFE.El opositor cuestionó que la mejora de la calificación crediticia no contemple, a su juicio, cambios institucionales, jurídicos y normativos que afectan el clima de inversión. También alertó sobre la falta de una aplicación fiable y justa del Estado de derecho y de condiciones previsibles para las empresas en Nicaragua, gobernada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.La relación más estrecha con Irán, incluidos acuerdos de cooperación, añadió una dimensión geopolítica al riesgo país, según expuso Chamorro. El dirigente advirtió que eventuales modificaciones en las sanciones y la política comercial de Estados Unidos podrían afectar a inversionistas e instituciones financieras mediante restricciones bancarias, comerciales y reputacionales.La propiedad privada y las garantías legalesEl economista señaló que la declaración sobre el clima de inversión en Nicaragua de 2026, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 6 de octubre, recomendó a los inversionistas actuar “con extrema precaución”. Según Chamorro, esa evaluación describe un deterioro institucional que excede el riesgo político convencional y alcanza a la seguridad de la inversión privada, el cumplimiento de contratos y la previsibilidad de las operaciones comerciales.El también exviceministro de Hacienda y Crédito Público y exsecretario técnico de la Presidencia identificó cinco factores que, a su entender, deberían ser examinados por S&P Global Ratings.
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