PSOE y Adelante amenazan al Parlamento andaluz con ir al Constitucional si avala la reforma que da a PP y Vox el control de la Cámara de Cuentas

La oposición de izquierdas tilda de "atropello democrático" la reforma exprés de la ley pactada por PP y Vox para blindar su mayoría en el órgano que fiscaliza las cuentas públicas y piden al letrado mayor un informe jurídico que justifique la "celeridad" del cambio, con visos de armar un recurso de inconstitucionalidad por "vulnerar los derechos de representación política" de los grupos
PP y Vox mutilan la Ley de la Cámara de Cuentas andaluza para retener el control del órgano que fiscaliza los fondos públicos

El pacto de PP y Vox para aprobar una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía que blinde su mayoría en el órgano de control de las cuentas públicas del Gobierno de Juanma Moreno ha desatado una virulenta reacción de todos los partidos de izquierdas en la oposición, que no han ahorrado calificativos para describir lo “gravísimo” del asunto.

“Es antidemocrático”; “Es un atraco a mano armada a la pluralidad política”; “Es un proceso deconstituyente de la autonomía andaluza”; “Es un tema de causa mayor que socava la defensa de la democracia, el blindaje de nuestras instuciones y el autogobierno andaluz”. Por separado, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han coqueteado este miércoles con acudir al Tribunal Constitucional en caso de que la polémica reforma prospere, algo previsible, dada la holgada mayoría de tres quintos que tienen PP y Vox en el Parlamento.

Los socialistas y Adelante Andalucía han elevado sendos escritos a la Mesa del Parlamento y a la propia presidencia de la Cámara de Cuentas, ambas contraladas hoy por los populares, con el objetivo indisimulado de recabar argumentos por escrito para armar un recurso de inconstitucionalidad por “vulneración del derecho fundamental de representación política” de los grupos. Ambos reclaman un informe a los servicios jurídicos del Parlamento que justifique la celeridad de una reforma “ad hoc” de la ley que, de aplicarse, cambiaría la composición del órgano de control externo de la Junta, cediendo la mayoría al bloque progresista.

El escrito del PSOE, de 18 páginas, recoge jurisprudencia del Tribunal de Garantías y es prácticamente un simulacro de recurso de inconstitucional que busca, al menos, evitar que el Parlamento tramite de urgencia la reforma propuesta por PP y Vox. Los tres grupos de izquierdas denuncian, al unísono, que tanto el fondo del cambio en la ley como el procedimiento acelerado para tramitarlo buscan “suprimir la garantía legal de representación de los grupos parlamentarios”.
Un órgano estatutario que supervisa al Ejecutivo de Moreno
El asunto, adelantado por este periódico, ha provocado una bronca este miércoles en la Junta de Portavoces, donde los grupos de izquierdas han exigido a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, explicaciones de por qué esta modificación apresurada de una ley con 38 años de vida se tramita por la vía de urgencia y, por primera vez, fuera del Pleno de la Cámara.

“No estamos ante una reforma institucional neutral, sino ante una modificación normativa cuya oportunidad temporal y cuyos efectos permiten apreciar un riesgo fundado de utilización instrumental de la potestad legislativa. Pretenden cambiar las reglas del juego cuando pueden impedir su mayoría”, reza el escrito que el PSOE ha elevado a la Mesa. Mestre ha alegado que cuenta con el beneplácito del letrado mayor y ha asegurado que se admitió el trámite abreviado porque los grupos proponentes así lo habían pedido.

PP y Vox no han ocultado que la supresión de un párrafo de un solo artículo de la citada ley -así como la solicitud para tramitarla de urgencia- tiene por objeto evitar que la oposición de izquierdas les arrebate el control del órgano de extracción parlamentaria, encargado de supervisar en qué y cómo se gasta el dinero el Ejecutivo de Moreno. “Me sorprende que les sorprenda que un gobierno con mayoría quiera mantener esa mayoría. Es de sentido común”, ha admitido la diputada de Vox Paula Badanelli.

El portavoz popular en la Cámara y firmante de la iniciativa, Toni Martín, ha sido mucho más explícito: “Se ha modificado una línea de la ley, porque se podría dar la circunstancia de que una carambola legislativa pudiera propiciar que grupos que juntos suman una minoría en el Parlamento dirijan la Cámara de Cuentas. Y eso de democracia tiene cero”, ha subrayado, tras admitir que la vía elegida para acelerar esta reforma legal “no se había hecho nunca”. “Pues ésta va a ser la primera”, sentencia.

El planteamiento de los grupos de izquierdas es justo el contrario: defienden que “el espíritu” de ese artículo de la ley que PP y Vox quieren cercenar -vigente durante 13 legislaturas- es garantizar que la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, a propuesta de los partidos, esté desacompasada con la composición del Parlamento surgida de las urnas. Es decir, que la renovación de las dos instituciones