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Proponen aumentar de 40 a 60 metros cuadrados el tamaño de la vivienda social en la CDMX

Infobae · hace 23 h
La diputada María del Rosario Morales Ramos propuso que las viviendas de interés social en la CDMX tengan una superficie habitable mínima de 60 m², frente a los inmuebles que no superan los 40 m², con el argumento de que el espacio reducido deteriora las condiciones de vida de las familias.Estas dos iniciativas, registradas ante el Congreso de la Ciudad de México, también plantean programas de financiamiento para facilitar el acceso a casas y departamentos dignos, asequibles y seguros. Las propuestas modificarían la Ley de Vivienda local y el Código Civil capitalino.El pasado 4 de noviembre, la Mesa Directiva informó que ambos proyectos de la legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) fueron turnados a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.Reforma plantea un mínimo de 60 m² para vivienda social y rentaLa primera iniciativa busca modificar el artículo 53 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para fijar una superficie mínima de 60 m² en las viviendas de interés social. También propone cambios al artículo 2398 del Código Civil para que los contratos de arrendamiento contemplen esa misma dimensión.Morales Ramos expuso que muchos hogares de este tipo no exceden los 40 m², una extensión que considera inadecuada para familias de más de tres integrantes. La diputada afirmó que esa medida contraviene el estándar de entre 100 y 125 m² que atribuye a la Organización Mundial de la Salud para una vivienda adecuada.La representante popular vinculó el tamaño de los inmuebles con la insuficiencia de recursos financieros asignados a la vivienda social. Según su planteamiento, esos fondos no han permitido que las construcciones respondan a las necesidades básicas de las familias.Dicha iniciativa señaló que habitar espacios reducidos aumenta los niveles de estrés, afecta el desarrollo cognitivo de menores de edad y limita la productividad de las personas adultas. También complica la convivencia familiar y restringe las posibilidades de estudiar, descansar o trabajar a distancia.Para la legisladora, estas condiciones prolongan la desigualdad al reducir el acceso de las familias a oportunidades educativas y laborales.
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