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Petro: oposición asume expedientes en Comisión de Acusación

Infobae · hace 22 h
Dos expedientes relacionados con decisiones del gobierno de Gustavo Petro quedaron en manos de congresistas de oposición y deberán avanzar en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Uno está relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y el otro con la divulgación de información médica privada de un menor de edad.La asignación de nuevos ponentes abre una etapa de revisión para estos procesos, que durante meses estuvieron sin avances. Los representantes deberán estudiar los documentos, evaluar las pruebas y determinar si existen motivos para impulsar investigaciones formales contra el exmandatario o si corresponde tomar otras decisiones.La Comisión acumula 370 indagaciones penales y disciplinarias relacionadas con el mandato de Petro. Buena parte de esos expedientes continúa sin movimientos, especialmente los que están a cargo de congresistas del Pacto Histórico. Sin embargo, 20 procesos quedaron bajo responsabilidad de representantes independientes y de oposición, entre ellos los dos casos que ahora tienen nuevos responsables.Cuenca estudiará el expediente sobre la financiación de la campañaEl representante Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical, asumió la ponencia del proceso relacionado con la presunta violación de los topes electorales de la campaña presidencial de Petro en 2022. Además de integrar la Comisión, Cuenca ocupa su presidencia durante el periodo 2026-2027.El expediente había pasado por las manos de Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Ahora, Cuenca deberá revisar un documento de más de 500 páginas y establecer si encuentra elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el expresidente o si procede una decisión inhibitoria.El caso tiene como antecedente las conclusiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró irregularidades en las cuentas de la campaña. Entre los hallazgos aparecen gastos que no fueron reportados, relacionados con publicidad y testigos electorales, además de aportes que no quedaron registrados en la contabilidad.El organismo electoral también determinó que se superaron los límites legales de financiación y detectó problemas relacionados con el origen de algunos recursos.
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