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Otra derrota para el Estado peruano: Enagás libera USD 178 millones retenidos en Perú por su sociedad con Odebrecht

Infobae · hace 7 h
A casi una década de la caída del Gasoducto Sur Peruano (GSP), el conflicto originado por la sociedad entre Odebrecht y Enagás sigue generando estragos al Estado peruano. El pasado 17 de noviembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) notificó un laudo favorable a la española que ordena a Perú liberar los dividendos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), cancelar y devolver una carta fianza de USD 65 millones y pagar más de USD 4 millones en costas. La decisión permite a la compañía disponer de USD 178 millones retenidos en el país, entre dividendos y la garantía. Aunque el nuevo fallo se refiere a las inversiones de Enagás en TGP y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), su origen se remonta al proyecto cancelado en 2017. La participación de la gasífera en el consorcio del GSP llevó al Estado a incluirla en la categoría 2 de la Ley 30737, creada para asegurar eventuales reparaciones civiles en casos de corrupción. Esa medida bloqueó la salida de sus dividendos de TGP y le exigió constituir la garantía ahora cuestionada por el tribunal arbitral.La tríada de Odebrecht, Enagás, y Graña y MonteroCuando estalló el escándalo de Odebrecht, Enagás mantenía inversiones en dos sistemas de transporte de gas natural distintos. Por un lado, tenía el 25% del consorcio del GSP, el proyecto que debía conectar Camisea, en Cusco, con la macrorregión sur. Por otro, era accionista de TGP, la empresa que hoy opera el sistema que transporta gas de Camisea hacia Lima e Ica. La diferencia es central: el GSP nunca entró en funcionamiento, mientras TGP siguió operando pese a que Enagás integró el consorcio del proyecto cuestionado por sus vínculos con Odebrecht.El consorcio del GSP fue adjudicado en 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, con Eleodoro Mayorga como ministro de Energías y Luis Miguel Castilla al frente del Ministerio de Economía. Inicialmente, Odebrecht tenía el 75% del proyecto y Enagás, el 25%. En 2015, Graña y Montero ingresó al negocio al comprar el 20% de la participación de Odebrecht. La estructura final quedó con Odebrecht en 55%, Enagás en 25% y Graña y Montero en 20%.
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