La oposición polaca presentará una moción de censura contra el primer ministro Donald Tusk por la crisis institucional

La oposición polaca anunció que presentará una moción de censura contra Donald Tusk en medio de la crisis por el control del Tribunal Constitucional. El ex primer ministro Mateusz Morawiecki, líder de Ley y Justicia (PiS), comunicó este sábado que su formación impulsaría la iniciativa parlamentaria para destituir al Gobierno de Tusk y propuso una administración técnica dirigida por el expresidente del Parlamento Marek Jurek hasta la convocatoria de elecciones.“Es un político bien considerado y consolidado. También puede recibir el apoyo de amplios grupos políticos, calmar la situación y lograr un compromiso”, declaró ante la prensa sobre Jurek.La iniciativa llegó después de una escalada institucional en el Tribunal Constitucional, donde la jueza Anna Korwin-Piotrowska suspendió el viernes por un mes al presidente del organismo, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski. Tras esa decisión, Korwin-Piotrowska asumió la dirección del tribunal.Swieczkowski rechazó la medida y PiS la calificó de ilegal. El conflicto provocó el despliegue de policías en los alrededores de la sede del Constitucional en Varsovia, donde varios cientos de manifestantes reclamaron la restitución de su presidente.Bajo ese contexto, el mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, interrumpió un viaje que realizaba a Senegal y regresó durante la noche a Varsovia. Al llegar, se dirigió a la sede del tribunal y convocó consultas urgentes con los partidos parlamentarios para abordar la situación.“Esta noche se produjo una violación del orden público en la República de Polonia y una toma forzosa de un órgano constitucional”, afirmó Nawrocki en un mensaje leído por uno de sus colaboradores frente al edificio. Además, consideró que los hechos suponían una amenaza para la seguridad interna del país.La confrontación entre el Gobierno, el presidente y la oposición se concentró en el control del Tribunal Constitucional, una institución que arrastra disputas desde 2015. Ese año, Ley y Justicia intentó nombrar magistrados para plazas que el Gobierno anterior ya había cubierto. Con el paso de los años, los candidatos respaldados por PiS alcanzaron la mayoría dentro del órgano.Críticos nacionales e internacionales cuestionaron entonces la independencia del tribunal y consideraron que dejó de cumplir los estándares de imparcialidad exigidos a una corte constitucional.