Mulino anuncia que sancionará el lunes la nueva ley de descuentos para jubilados en Panamá

El presidente José Raúl Mulino anunció que el lunes 2 de noviembre sancionará la nueva ley de descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, después de recibir el documento aprobado por la Asamblea Nacional. La decisión abre paso a la ampliación de beneficios que habían generado controversia entre organizaciones empresariales y representantes de la tercera edad.A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que recibió el proyecto en el Palacio de las Garzas, conforme a los acuerdos alcanzados con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, diputados de la comisión legislativa y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La sanción presidencial está prevista para el lunes, según adelantó.El anuncio corresponde al proyecto de ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987, normativa que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El documento incorpora nuevos descuentos en servicios de salud, equipos de asistencia y otros gastos esenciales, además de actualizar algunas condiciones para acceder a las rebajas.La iniciativa surge después de que Mulino objetara totalmente el proyecto 226 el pasado 20 de septiembre, alegando razones de inconveniencia e inexequibilidad. Aquella propuesta, aprobada por la Asamblea en agosto, provocó cuestionamientos de diferentes sectores económicos por las obligaciones que imponía a los establecimientos comerciales.Entre las principales preocupaciones figuraba el incremento de los descuentos obligatorios sin mecanismos suficientes para compensar a los negocios, particularmente a las pequeñas empresas. Los gremios advertían que las nuevas rebajas podían reducir sus márgenes de ganancia y afectar la sostenibilidad de determinadas actividades comerciales.La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el impacto económico de la propuesta anterior, mientras representantes del sector hotelero y farmacéutico expresaron inquietudes sobre su aplicación. El Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de los beneficios, ante sus posibles consecuencias para la actividad económica.También la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones relacionadas con el acceso al crédito, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas examinó las implicaciones fiscales.