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Mañana en vilo para 17 familias de Barcelona por si el nuevo decreto de vivienda les salva del desahucio: "Es un limbo"

elDiario.es · hace 2 días
Representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento se personan en una finca del barrio de Sant Andreu para parar el lanzamiento de más de 50 personas, una decena de ellas menores El desahucio de Seha, embarazada de riesgo, se decidía en el Congreso: “Por favor, nadie merece esta angustia”

50 personas en vilo, angustiadas en sus casas. Y unas 400 vecinas, resistiendo la calle. Esta es la escena que se vive desde las 7:00h. en la calle Llenguadoc, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, donde esta mañana estaba previsto el desahucio de 17 familias, con cerca de una decena de menores, que ocupan un edificio porque no pueden pagar un alquiler.

La situación es inusual, debido a que el ‘decreto Maricarmen’ está aprobado desde este martes en el Consejo de Ministros y publicado en el BOE a primera hora de este miércoles. Pero, según el texto del propio decreto, no entrará en vigor hasta el jueves. “Es un limbo”, lamentan los movimientos por la vivienda, que están pendientes de un total de 41 desahucios en la capital catalana este miércoles.

Lo normal es que, cuando una norma se oficializa en el BOE entre automáticamente en vigor, pero no ha sucedido así este miércoles, para sorpresa de los sindicatos de vivienda. “Todo depende de la voluntad de la jueza”, ha apuntado Carles Alonso, abogado de dos de las familias.

“Es algo rarísimo, que no suele pasar. Y no sabemos a qué atenernos”, apuntaba el letrado cuando la comitiva ya hacía casi tres horas que debería haber aparecido. “Los teléfonos están que echan humo”, explican fuentes jurídicas.

“Los jueces no quieren ejecutar con tan poco margen, y las propiedades intentan apurar”, sigue. “Pero, a la vez, los magistrados no se quieren arriesgar a suspender sin una ley que les ampare, porque se podrían arriesgar a una querella de la propiedad”, advierten las mismas fuentes.

Ha sido una mañana inusual: la convocatoria para resistir al desahucio se ha alargado muchísimo más de lo que es habitual. Además, la falta de presencia policial y la incomparecencia de la comitiva judicial ha dejado a varios centenares de activistas en un estado de calma tensa. Las canciones y los bailes se han ido intercalando con cánticos y petardos.

Otro hecho totalmente fuera de lo común ha sido la presencia de los directores generales de vivenda, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Bagudanch y Josep Maria Riera, que se han personado para “parar el desahucio”.

A pesar de que la mediación entre las administraciones vecinas y propiedad dura desde 2022, han acudido para apelar a los tribunales que no tomen “la peor decisión posible”, en referencia al desahucio. “Nos ha enviado directamente la consellera Paneque, porque nos ha dicho que esto se tiene que parar”, ha afirmado Bagudanch, sobre la responsable de la cartera de vivienda.

La fecha de la expulsión de esta finca se fijó a principios de septiembre, mucho antes de los últimos decretos de vivienda que han derivado en el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Los habitantes daban por hecho su expulsión, contra la que llevan luchando más de cuatro años. Pero desde que se aprobó por primera vez el ‘decreto Maricarmen’, la semana pasada, su día a día ha sido una montaña rusa.

La alegría del pasado martes se tornó, de nuevo, en desesperación cuando los votos del PP, Junts y Vox tumbaron la norma en el Congreso. Este lunes, de nuevo, vino la esperanza cuando el Ejecutivo anunció que el Consejo de Ministros volvería a aprobarlo. Ese mismo día, los abogados de los residentes entraron una petición de suspensión en los juzgados.

Ahora bien, la petición solo podía hacerse efectiva a partir del momento en que la norma entrara se publicara en el BOE, que suele ser antes de las 8 de la mañana. “Es una carrera contrarreloj”, apunta Alonso. Las vecinas de Llenguadoc han pasado la noche en vela sabiendo que, en su caso, cada minuto contaba porque la comitiva judicial estaba citada a las 8h.

Este desahucio tiene importancia porque, además de afectar a 17 familias, lo que pase aquí sentará un precedente y despejará la duda de si el decreto ampara o no a los casos de ocupación, tanto para las personas que nunca han tenido contrato de alquiler como para aquellas a las que les ha finalizado y se han quedado en la vivienda.

“La gente piensa que sólo está pensada para el alquiler, pero no es cierto”, explica Alonso, que considera que si alguien tuviera que redactar una ley para proteger a los habitantes de Llenguadoc, “habría escrito, palabra por palabra, este texto”. En efecto, los habitantes de esta finca no tienen contrato, pero tampoco tienen alternativa habitacional, son vulnerables y están en manos de un gran propietario
Cinco años de acoso y “angustia”
La historia de Llenguadoc empezó en 2017, con el recién formado Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu. A
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