Ley de Sometimiento fue sancionada y quedó oficializada como la Ley 2640 tras las firmas del Congreso y el presidete De la Espriella

Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, firmaron la Ley de Sometimiento después de que ambas corporaciones aprobaran un texto idéntico, lo que evitó que el proyecto pasara a conciliación.Luego, el presidente Abelardo de la Espriella sancionó la iniciativa, que quedó oficializada como la Ley 2640. El mandatario tenía plazo hasta las 11:59 p. m. del miércoles 4 de noviembre de 2026 para firmarla.La Cámara aprobó el proyecto en su último debate con 95 votos a favor y 10 en contra. La plenaria acogió el articulado que había sido aprobado previamente por el Senado mediante una “votación espejo”, un procedimiento que permitió unificar el texto entre las dos cámaras.Para alcanzar ese acuerdo, los representantes reabrieron los artículos 2 y 25. Con esa decisión, el Congreso evitó que el proyecto fuera enviado a una comisión de conciliación, un trámite que habría puesto en riesgo el cumplimiento del plazo previsto para la sanción presidencial.Tras la firma, Barguil sostuvo en su cuenta de X que la ley busca “recuperar la autoridad, fortalecer la justicia” y asegurar que quienes hayan cometido delitos respondan ante la ley. También afirmó que la aprobación marca el cierre de la política de ‘Paz Total’.“Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, sumó Barguil.Henríquez aseguró que el Senado aprobó la norma “con plenas garantías democráticas” y precisó que: “No habrá beneficios para solicitados en extradición ni responsables de reclutamiento de menores. El objetivo es claro: combatir la criminalidad y garantizar que el Estado esté por encima de los delincuentes”.El Congreso aprobó un mecanismo para el sometimiento de estructuras criminalesLa norma modifica la Ley de Orden Público y prorroga la Ley 418 de 1997. Según el proyecto 433/26C–296/26S, crea un marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto, sin reconocerles estatus político ni abrir mesas de negociación política con sus integrantes.El texto fija un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas y seis años para los colaboradores.