Justicia de EEUU pide frenar pesquisa de desacato por vuelos con migrantes a El Salvador
Telemundo 60 — San Antonio · hace 6 h
Un juez federal debe poner fin a su investigación “ilegal, innecesaria y fútil” para determinar si el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ignoró una orden que bloqueaba la deportación en aviones de migrantes venezolanos a El Salvador, argumentó el martes ante una corte de apelaciones un abogado del Departamento de Justicia, en una audiencia en la que con frecuencia pareció haber un profundo escepticismo sobre el caso del gobierno.
Jueces del pleno de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia escucharon tres horas de argumentos en el capítulo más reciente de un caso que ha sido un foco recurrente en el conflicto cada vez más intenso del presidente Trump con las cortes federales.
El abogado del Departamento de Justicia Brett Shumate sostuvo que el juez presidente de la Corte de Distrito, James Boasberg, no tiene base ni autoridad para continuar con su indagación porque quien se encarga de investigar delitos es un fiscal, no un juez.
“Lo que se ha descarrilado en este caso es que la corte de distrito ha pretendido investigar”, manifestó Shumate.
Corte Suprema
Hace 6 horas
Corte Suprema da luz verde a política de deportación de Trump a "terceros países"
ICE
Hace 6 horas
Venezolano baleado por ICE en Texas enfrenta cargos federales por presunta agresión a un agente
En abril, un panel dividido de tres jueces del Circuito de D.C. determinó que Boasberg debía poner fin a su investigación “intrusiva” por desacato sobre el gobierno de Trump. Pero las preguntas planteadas en la audiencia del martes sugieren que el pleno de la corte, compuesto por 11 jueces, podría dar luz verde a Boasberg para seguir adelante con su indagación. Los jueces no indicaron cuándo emitirían su fallo.
La jueza Patricia Millett cuestionó por qué no debería permitirse a Boasberg continuar con su indagación para determinar si otros funcionarios del gobierno ameritan un escrutinio adicional por posible desacato penal.
“¿Se les permite a las cortes de distrito decidir si las personas han incurrido en desacato ante ellos?”, preguntó Millett, quien fue nominada al tribunal por el entonces presidente demócrata Barack Obama.
“La corte de distrito pierde la autoridad para investigar”, respondió Shumate.
“Esa no es mi pregunta”, interrumpió Millett, elevando la voz. “Aquí todo se reduce a un juego de palabras sobre lo que usted entiende por la palabra ‘investigar’”.
Boasberg emitió una orden de restricción temporal el 15 de marzo de 2025 que prohibía al gobierno trasladar grupos de migrantes venezolanos a El Salvador en virtud de una ley del siglo XVIII. Después de que se dictó la orden, dos aviones con migrantes protegidos por esa orden salieron de Estados Unidos rumbo a El Salvador, donde fueron encerrados en una de las prisiones más violentas del mundo.
Boasberg dio una orden verbal para que las aeronaves dieran la vuelta. El gobierno negó haberla violado, o haber violado una orden escrita posterior, pero Boasberg ha dicho que el gobierno de Trump pudo haber actuado de mala fe al intentar sacar a toda prisa del país a migrantes venezolanos.
El gobierno ha dicho que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue responsable de la decisión de traslado. Sin embargo, el martes, jueces del Circuito de D.C. sugirieron que Boasberg debería poder identificar otros posibles objetivos de una investigación por desacato antes de remitir el asunto a un fiscal.
El caso representa un frente importante en un conflicto en escalada entre Trump y el poder judicial federal, que con frecuencia ha bloqueado algunas de las iniciativas más ambiciosas del presidente y de dudosa legalidad. Caso tras caso, el gobierno ha mostrado una disposición sin precedentes a eludir, o incluso desafiar, órdenes judiciales.
La jueza Cornelia Pillard, también nominada por Obama, afirmó que se socava la autoridad de los tribunales si el poder ejecutivo trata las órdenes judiciales como “opcionales” y se le permite ignorarlas “con impunidad”.
“La separación de poderes respeta la autoridad separada y coigual de las distintas ramas”, señaló. “En realidad, en el fondo, de lo que trata este caso es de si los tribunales (federales) están a merced del poder ejecutivo”.
Pillard le preguntó a Shumate si podía ayudarla a “sentirse más cómoda” con la perspectiva del gobierno sobre ese asunto. Shumate dijo que
