Jueza bloquea arrestos migratorios sin orden en California
Telemundo 52 — Los Ángeles · hace 5 días
Una jueza federal de Los Ángeles concedió este miércoles una orden judicial preliminar que impide a los agentes de inmigración en el sur de California realizar arrestos sin orden judicial sin antes evaluar la probabilidad de que las personas buscadas puedan darse a la fuga.
La jueza federal de distrito Maame Frimpong determinó que los agentes federales de inmigración “regularmente se abstienen por completo de realizar un análisis sobre la probabilidad de fuga”.
Además, el tribunal señaló que “los demandantes han demostrado que la política continúa vigente” y que el testimonio de los propios agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respalda la conclusión de que las acciones obedecían a esta política ilegal de arrestos sin orden judicial y no a “casos aislados de agentes actuando por su cuenta”, escribió la jueza.
El tribunal también certificó una demanda colectiva que abarca a personas que, desde el 6 de junio de 2025, han sido o serán arrestadas por agentes federales por presuntas violaciones de las leyes migratorias, sin una orden judicial y sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga.
Según la ley federal, los agentes de inmigración pueden realizar un arresto civil migratorio sin orden judicial únicamente cuando tienen causa probable para creer tanto que una persona se encuentra en el país sin autorización como que probablemente escapará antes de que pueda obtenerse una orden judicial.
Además de detener la práctica ilegal de efectuar arrestos sin orden judicial sin determinar previamente si una persona podría darse a la fuga antes de obtener una orden, el tribunal ordenó al gobierno federal cumplir con las siguientes condiciones:
Los agentes de inmigración deberán considerar la totalidad de las circunstancias que conozcan antes de realizar un arresto, incluido el riesgo de fuga.
Los agentes deberán dejar de utilizar el estándar de riesgo de fuga o el método de análisis establecido en un memorando de cinco páginas emitido en enero por Todd Lyons, entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que sugería ilegalmente que el simple hecho de encontrarse en el país sin autorización era suficiente para establecer una probabilidad de fuga.
Los agentes deberán documentar su análisis del riesgo de fuga cuando realicen arrestos sin orden judicial en el Distrito Central de California.
“Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en los esfuerzos de la comunidad por poner fin a la cruel e ilegal práctica del gobierno federal de llevarse a las personas y separarlas de sus familias”, dijo en un comunicado Mayra Joachin, abogada principal de la Fundación ACLU del Sur de California.
“Al exigir que los agentes de inmigración cumplan con el requisito legal de determinar el riesgo de fuga antes de poder arrestar a alguien sin una orden judicial, esta orden del tribunal debería poner fin a cientos —si no más— de arrestos ilegales que continúan ocurriendo en todo el sur de California. Vigilaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial y esperamos que el gobierno federal la acate”.
Consultado anteriormente sobre la orden judicial preliminar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que los agentes federales están enfocados, por encima de cualquier otra consideración, en proteger a los ciudadanos estadounidenses.
“Nuestros agentes están enfocados en proteger al pueblo estadounidense, no en responder a indignaciones performativas”, indicó el DHS en un comunicado. “¿Dónde está la indignación de los medios por las familias Angel que perdieron a un ser querido a causa de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados?”.
El término “familias Angel” se refiere a los familiares de personas que murieron a manos de individuos indocumentados que se encontraban en Estados Unidos.
La decisión de la jueza de conceder la petición de la ACLU surge del caso Vasquez Perdomo vs. Noem, una demanda que cuestiona la legalidad de las redadas migratorias de la administración Trump en el sur de California y que ha sido objeto de gran atención.
Desde que la administración comenzó sus redadas en Los Ángeles el año pasado, los agentes federales han realizado rutinariamente arrestos sin orden judicial sin llevar a cabo primero la evaluación de riesgo de fuga exigida por la ley, según la ACLU.
Los demandantes alegan que una revisión de 113 registros de arrestos encontró que casi el 80% no contenía una evaluación del riesgo de fuga o utilizaba lenguaje en gran medida estandarizado, lo que sugeriría la ausencia de la necesaria evaluación individualizada.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró la decisión de la jueza.
“Durante más de un año, familias de toda nuestra ciudad han vivido con el temor de que un viaje al trabajo, una caminata por la calle o una despedida por la mañana puedan terminar con un ser querido siendo llevado por agentes”, dijo Bass en un comuni
