Jubilados con TPS entran en un nuevo limbo jurídico por la suspensión de sus pensiones y órdenes de devolver el último pago

Los jubilados salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) vuelven a quedar atrapados entre la incertidumbre migratoria y la presión económica. Algunos no pudieron cobrar su pensión en octubre y otros recibieron cartas de la Administración del Seguro Social (SSA), de Estados Unidos con la exigencia de devolver, en 30 días, el pago correspondiente a septiembre.La medida afecta a personas que trabajaron y aportaron durante décadas al sistema estadounidense. La Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL) recibió consultas y denuncias de beneficiarios a quienes se les suspendió la jubilación bajo el argumento de que carecen de “presencia legal vigente”, pese a que el futuro del TPS para El Salvador continúa sin una definición oficial.Teresa Tejada Galvan, directora ejecutiva de ASOSAL, describió la situación como un “limbo jurídico” que impide ofrecer respuestas certeras a quienes dependen de ese ingreso para cubrir sus gastos mensuales.“Estamos haciendo cabildeo para determinar la extensión del problema, estamos haciendo todo lo que se puede, pero realmente no tenemos una respuesta como para poder decirle a la comunidad”, dijo Tejada Galvan en entrevista con Infobae. “Estamos mal”.ASOSAL también sigue de cerca las elecciones de medio término de Estados Unidos, que se celebran este 3 de noviembre, ante la posibilidad de que una nueva correlación de fuerzas políticas influya en el debate sobre el TPS.Cartas con reclamos por pagos ya recibidosASOSAL tuvo acceso a una de las cartas enviadas a jubilados con TPS. El documento solicita reintegrar en un plazo de 30 días el pago recibido en septiembre, bajo el criterio de que el beneficiario ya no reúne las condiciones migratorias para recibir la pensión.Un asesor jurídico de la organización, explicó que la comunicación informa que el pago fue emitido de forma provisional y que el monto reclamado depende de la jubilación de cada persona.“Como no son residentes ni ciudadanos, ya no se les podrá estar brindando el beneficio”, explicó. “Aparte de ello, les están cobrando lo que se les otorgó en el mes de septiembre”.Según los casos conocidos por ASOSAL, los montos que la Administración del Seguro Social solicita devolver rondan entre $1.000 y $1.500, aunque la cifra varía en función del pago asignado a cada jubilado.“Normalmente ese dinero lo utilizan para pago de rentas.