Inquilinos en apuros y con fecha de desahucio, exasperados tras caer el decreto: "Nos hubiera dado aire"

El revés a la norma afecta a cinco millones de arrendatarios que están pendientes de renovación antes de 2028 y a numerosas familias en riesgo de exclusión con desalojos a la vistaJunts, PP y Vox tumban los decretos de vivienda en el Congreso
Desde que se aprobó el ‘decreto Maricarmen’ hasta que el Congreso lo ha tumbado este viernes, apenas han transcurrido tres días. Unas jornadas que, precedidas de una fuerte movilización social, han llevado a miles de inquilinos a contener la respiración a la espera de saber si podrían atar la prórroga de sus contratos, evitar subidas de mensualidades o, en los casos más extremos, frenar desahucios que ya tenían día y hora.

Pero la mayoría parlamentaria, con un Junts alineado a última hora con PP y Vox, les ha dejado sin la protección que recogía la norma. Esta incluía, entre otras medidas, la prolongación durante dos años de todos los contratos que acabasen hasta 2028, la prohibición hasta 2030 de los desahucios de familias vulnerables, o la regulación más estricta de los alquileres de temporada o por habitaciones. 

A la familia de Félix, de 58 años, con mujer y un hijo de 29, se les acabó el contrato de alquiler el pasado día 29 de septiembre, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto ley, así que el reloj corre en su contra. Un fondo de inversión, Mosaic, compró la finca en la que vive, en Erandio (Bizkaia) y no renueva ningún contrato. 

“El decreto nos hubiera dado aire para respirar”, expresa su hijo, también Félix. Muchos de sus vecinos sintieron que se abría una ventana de esperanza para ganar tiempo antes de que lleguen las denuncias y órdenes de desahucio. Félix, en cambio, no era tan optimista: “Me imaginaba que iba a salir que no”, afirma, “por eso ni siquiera me siento decepcionado, sino muy desilusionado”. “Ya no creo en los Reyes Magos y esto era la crónica de una muerte anunciada”, lamenta.

El pasado 29 de septiembre también fue un día importante para Juanita y para Seha. Ambas tenían ese día marcado en el calendario como el de su desahucio, pero los jueces de sendos casos decidieron aplazar el lanzamiento a la espera de ver qué decidía el Congreso. “¿Eso significa que habrá otro lanzamiento?”, pregunta Seha, vecina de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y embarazada de riesgo, al enterarse de la noticia.

“Fue una alegría tan grande cuando se paró el desahucio y ahora mira... Yo sólo quiero estar aquí hasta que cierre los ojos por última vez. Después, que se queden el piso”, explica Juanita, de 78 años, que confiesa haberse tomado un ansiolítico después de la votación.

Esta mujer compró su piso de Sant Adrià del Besós (Barcelona) hace 20 años, pero se lo embargaron hace casi diez años, porque lo puso como aval a la compra de su sobrina. CaixaBank le dejó quedarse a cambio de un alquiler social, ya que Juanita cuenta con un informe de vulnerabilidad, pero en el momento en que cayó el escudo social, le llegó el burofax avisándola de que la echaban.

“Los políticos que votan contra leyes que protegen a las personas no son humanos. Ellos vienen de una madre como yo. ¿A sus madres las dejarían en la calle?”, se pregunta Juanita, que rompe en lágrimas. La acompaña la PAH, que asegura que se mantendrá muy cerca para intentar que esta mujer no acabe perdiendo su hogar. “La lucha la tenemos que hacer todas juntas, porque somos más Maricármenes de las que se imaginan”, asegura.

Desde el Sindicato de Inquilinas advierten de una emergencia social con los desahucios. “Vamos a un escenario de decenas de miles de desalojos, y con los niveles de sinhogarismo que hay, es una temeridad”, alerta Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. La caída del escudo social en enero, vigente desde la pandemia e igualmente rechazado por la derecha, asegura que ya disparó los desalojos. 

Solo en los últimos días, han sido varios los lanzamientos previstos que se han ejecutado o aplazado en función de si la fecha era anterior o posterior a la aprobación del decreto. En Mataró, una familia con un miembro con discapacidad fue expulsada de su casa el lunes. El miércoles y el viernes, en cambio, Macarena y Lucélia, en Barcelona y Manresa respectivamente, vieron cómo se aplazaban sus lanzamientos debido al fugaz decreto ley finalmente derogado.