Las hostilidades entre progresistas y conservadores amenazan con llevar al Poder Judicial a la parálisis

Los vocales elegidos a iniciativa del PP rompen relaciones con los consejeros de izquierda al considerar una “deslealtad tremenda” el comunicado en el que pedían autocrítica a la presidenta Isabel PerellóLa presidenta del Poder Judicial critica al Gobierno por la “descalificación personal” a los jueces: “Es un instrumento de presión”

El nuevo curso en los tribunales ha arrancado con las espadas en alto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La publicación de un comunicado en el que nueve vocales progresistas pedían “autocrítica” a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha causado un enorme malestar en el resto de miembros del órgano. Tanto es así, que los consejeros del bloque conservador han anunciado que rompen relaciones con el otro grupo, cuyos votos son necesarios para sacar adelante cuestiones clave, como los relevantes nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo. 

A su juicio, ese comunicado en el que nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar pedían que el solemne acto de apertura de los tribunales no se redujera a una mera presentación estadística o un cruce de reproches supone una “deslealtad tremenda”. “Pretendían condicionar el discurso de la presidenta con un escrito a la prensa que ni nos habían comunicado. Afortunadamente, no lo consiguieron”, sostiene una fuente del grupo conservador. 

Por contra, la sensación en el bloque progresista es que ese comunicado que trasladaron de forma previa a la presidenta, aunque no al resto de sus compañeros, era un necesario “golpe en la mesa”. Consideran que era inevitable actuar con firmeza tras dos años de cierta subordinación a la presidenta y a los vocales de la derecha, que han “impuesto su rodillo” en cuestiones muy relevantes, como el reparto de poder dentro del órgano. “Estamos donde queremos estar: abiertos a hacer un programa de gobierno discutido y asumiendo que hay cosas en las que no hay acuerdo, pero no dispuestos asumir por asentimiento todo lo que ellos proponen”, apuntan en el bloque progresista. 

El nuevo escenario proyecta una sombra de bloqueo sobre el órgano en caso de que los conservadores mantengan su órdago. No obstante, algunas voces de este bloque consideran que aunque la situación será muy tensa en los próximos meses “no es insalvable”: “Ya hemos demostrado que podemos superar estas cuestiones y que, aunque discrepemos, tenemos capacidad de encapsular los conflictos”.

Los nombramientos en la cúpula judicial requieren una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques. Para otras decisiones, sin embargo, se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador podría lograr gracias a la presidenta y al vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado, con quienes ya se han aliado en otras ocasiones. La más relevante, en octubre del año pasado, cuando se pusieron de acuerdo para imponer una mayoría conservadora en ocho de las once comisiones en la que se organiza el trabajo de la institución.

Por mandato legal, esas comisiones tienen que volver a renovarse de nuevo en unas semanas, lo que también explica que se hayan desatado las hostilidades entre ambos grupos, de acuerdo a las fuentes consultadas. La más relevante es la Comisión Permanente, el núcleo duro formado por siete vocales y la presidenta y donde se toman muchas decisiones. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Y ahí, los conservadores defienden que tanto Perelló como Preciado forman parte de la “cuota” progresista, lo que reserva solo dos puestos para los otros nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar.
Los nombramientos
De puertas afueras, sin embargo, la competencia más relevante del CGPJ es la de realizar designaciones en las cúpulas de los principales tribunales. En estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas.

Entre tanto, la presidenta se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha tras el veto a las dos aspirantes mujeres propuestas por el grupo progresista. 

“Lo que ha pasado esta semana evidencia un cierto hartazgo con la presidenta y con el Tribunal Supremo”, dice un miembro del grupo de la izquierda. Este jueves, mientras se celebraba el tradicional cóctel con autoridades posterior al acto de apertura judicial, el Alto Tribunal difundió los autos que sustentan la decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo y en los que una may