El Gobierno reúne a las comunidades para aprobar la nueva financiación: 21.000 millones más, ¿para quién y a cambio de qué?
elDiario.es · hace 19 días
El sistema nace marcado por la voluntariedad y por el portazo de los barones populares, Hacienda defiende que ninguna comunidad pierde; las Cortes deberán ratificarlo para que eche a andarEl Gobierno acelera para llegar a enero con la nueva financiación y flexibiliza a qué pueden adherirse las comunidades
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dará luz verde este viernes a la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, doce años después de que el anterior caducara. Lo va a hacer con los votos del Gobierno central, de Catalunya, la comunidad que lo ha liderado (PSC y ERC), y de Canarias, que reculó en julio y propició que se aplazara el cónclave a petición del PP. Le bastaba al Ejecutivo con el apoyo catalán: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más. El resto de comunidades previsiblemente lo rechazarán. Igual que el gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE), cuyo presidente, Emiliano García-Page, lleva meses criticándolo con dureza. Madrid, que ha hablado de modelo “profundamente injusto” e “impuesto por Catalunya”, ha anunciado que no acudirá a la reunión para intentar evitar que haya el quorum suficiente para constituir el consejo.
Prima la voluntariedad: nadie está obligado a subirse al nuevo modelo. Las comunidades pueden seguir con el sistema de 2009, caducado desde 2014, si así lo prefieren. Y quienes decidan sumarse al nuevo esquema tendrán, además, margen para elegir entre varios de sus mecanismos: si quieren acogerse al reparto del IVA de las pymes, si prefieren una caja compartida con el Estado o mantener el actual sistema de anticipos, y cómo quieren que se les compensen las competencias no homogéneas. Es un modelo, en la práctica, a varias velocidades.
El aprobado del CPFF es el primer paso necesario, pero no quiere decir que eche a andar. Primero ha de pasar por el Consejo de Ministros y, después, necesita el visto bueno del Congreso y Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. La batalla, en realidad, no ha hecho más que empezar.
Lo que Hacienda pone sobre la mesa, en cualquier caso, es una cantidad considerable: cerca de 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas a partir de 2027. Para dimensionar la cifra: esos recursos extra equivaldrían a cubrir un tercio de todo el gasto sanitario de varias autonomías, hasta la mitad de su gasto educativo, o siete veces lo que esas mismas comunidades destinan hoy a políticas de vivienda. Estas son las claves del nuevo sistema.
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¿Cuánto dinero de más aporta el nuevo modelo?
El cálculo de Hacienda, proyectado sobre el ejercicio 2027, sitúa el incremento de recursos para el conjunto de comunidades autónomas en 20.975 millones de euros respecto al modelo vigente. Con esa inyección, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones de euros en total. Es la cifra que el Gobierno repite como argumento central: no se trata de un simple reparto distinto de lo mismo, sino de una ampliación real de la tarta para el sostenimiento del Estado del bienestar autonómico: sanidad, educación y servicios sociales, las tres competencias que más pesan en los presupuestos regionales.
¿De dónde sale el dinero?
El incremento se financia por dos vías: una parte llega directamente de las arcas del Estado (nivelación vertical), y la otra procede de una mayor participación de las comunidades en la recaudación de los grandes impuestos. Por el lado de la nivelación vertical, el Estado destinará casi 19.000 millones de euros.
Por el lado de la cesta de impuestos cedidos, las comunidades pasarán a quedarse con el 55% del IRPF que se recauda en su territorio (frente al 50% actual), y con el 56,5% del IVA (hoy es el 50%). Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos, y se incorporan a la cesta el 100% de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, el impuesto sobre la electricidad, el de patrimonio, el de depósitos bancarios y los de residuos. Esta mayor cesión de tributos supone otros 15.756 millones de euros.
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