El Gobierno plantea exigir 'carné europeo' a los centros de datos y que nuevas renovables cubran el 80% de su consumo

Un borrador de Real Decreto endurece los requisitos para que estas instalaciones sean sostenibles, eficientes y soberanas, y avanzar en su desarrollo ordenado y eficiente El magnate anónimo de la eólica en Castilla y León se lanza al negocio de los centros de datos

El Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de los centros de datos, uno de los negocios de moda por el boom de la inteligencia artificial.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.

El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean sostenibles, eficientes y soberanos, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Además, deberá operarlos una entidad establecida en la UE que mantendrá los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

El Ministerio para la Transformación Digital, en el ejercicio de sus competencias, comprobará el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneración podrá derivar, en última instancia, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

Desde el Gobierno subrayan que España está en disposición de escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental. El borrador a consulta establece requisitos a las instalaciones mayores de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica, por ser las que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante.

Dadas sus grandes necesidades de agua y de energía, el proyecto normativo dispone que cumplan con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo relativo a estas infraestructuras, que actualmente está desarrollando la Comisión Europea para cumplir la directiva de Eficiencia Energética de 2023 y que se incluye en un reglamento comunitario cuya entrada en vigor se prevé para agosto de 2027.

La propuesta de decreto prevé que a partir de ese momento sea exigible el mayor nivel de la norma europea, la categoría A, tanto para la eficiencia energética como para la eficiencia hídrica, según la terminología de la Comisión Europea. Hasta que esto ocurra, se fijan esos mismos niveles, ya recogidos en el borrador del Reglamento. El Gobierno defiende que con ello se anticipan medidas que se están debatiendo en el ámbito europeo y que España liderará desde una posición avanzada.

Además, como ya ocurre con la producción de combustibles renovables de origen no biológico o con la de hidrógeno renovable, se exige que los centros de datos consuman energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación de estas fuentes en España se sitúe por encima del 90% del mix eléctrico (ahora ronda el 56%).

Este consumo deberá ser adicional: cada nuevo MW consumido deberá ir acompañado de un nuevo MW renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, con autoconsumo o mediante contratos a plazo (conocidos en el argot del sector como PPA). Este abastecimiento se acreditará hora a hora: en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.
Pérdida de permisos
Los proyectos que quieran acceder a la red eléctrica deberán demostrar que cumplen estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión. No hacerlo acarreará penalizaciones crecientes en los costes regulados de su tarifa eléctrica (cargos y peajes) y, en última instancia, perderán el derecho de acceso.

Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo de renovables pudiera repercutir sobre el sistema y, por tanto, sobre las facturas de electricidad.

Una vez esté en vigor la norma, los proyectos de centros de datos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento. Si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica, el plazo será de tres meses y podrán renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las correspondientes garantías.

Además, todos los centros de datos mayores de 500 kW deberán remitir a Trans