El Gobierno negocia contra reloj concesiones fiscales a Junts para aprobar el martes el decreto de vivienda

Vivienda y los independentistas confirman contactos: los de Puigdemont exigen tener en cuenta sus propuestas de los últimos meses, que incluyen exenciones impositivas o que el Estado pague a los caseros la renta a la que no pueden hacer frente las familias vulnerables a cambio de que no se las desahucieSumar exige al PSOE expropiar el piso de Maricarmen en el próximo Consejo de Ministros en pleno choque por la vivienda
El Gobierno intensifica los contactos para que el próximo martes el Consejo de Ministros pueda dar luz verde a un decreto de vivienda que tenga garantías de apoyo parlamentario. El estallido social que ha provocado desde el miércoles el desahucio de Maricarmen ha conseguido reactivar las negociaciones políticas a varias bandas en busca de un acuerdo de mínimos que permita alumbrar un texto en el que, sobre todo, se regulen los alquileres y se limiten los desahucios. Pero para ello el Ejecutivo debe volver a poner de acuerdo a formaciones políticas tan dispares como Junts o Podemos, con las que el Ministerio de Vivienda se está volcando para acercar posturas. 

Fuentes del Ejecutivo revelan que es la propia ministra, Isabel Rodríguez, quien lidera la interlocución directa con Míriam Nogueras y Ione Belarra. Y las sensaciones en el Gobierno no son ni mucho menos las de hace solo unas semanas, cuando el decreto permanecía varado ante el absoluto bloqueo de las conversaciones. Existe el convencimiento entre las partes de que el caso de Maricarmen sí que ha agitado la política española y que quizás eso puede dar paso a un acuerdo que hasta ahora parecía imposible: Rodríguez, de hecho, afirmó este jueves que lo ocurrido en las últimas horas “ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas”. Las negociaciones, no obstante, se prevén largas, y que el Ejecutivo pueda aprobar el martes un texto para que entre ya en vigor solo sería el primer hito de las mismas. Después, habría un mes por delante para seguir buscando el pacto antes de que el decreto se sometiera a votación en el Congreso para su convalidación definitiva.

En lo que se centra el Ministerio de Vivienda es en atar los votos de Junts, sin duda los más difíciles de amarrar de cuantos necesita en el Congreso. Porque los independentistas catalanes ya se comportan en la práctica desde hace muchos meses como una fuerza más de oposición junto a PP y Vox, y por eso el Gobierno ya hace una lectura optimista del mero hecho de que ahora se hayan sentado a negociar. Los equipos de Vivienda y de Junts ya se intercambian documentos y la meta es que las cesiones que el Ejecutivo tenga que ofrecer a los de Puigdemont, casi todas en materia fiscal en beneficio de los propietarios, no sean incompatibles con los postulados de Podemos y otros socios de izquierdas. 

Según ha podido saber elDiario.es, una de esas fórmulas que estudia el Gobierno tendría que ver precisamente con las medidas antidesahucios. Lo que recoge la legislación vigente es que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que ese desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garanticen una alternativa habitacional. Pero que si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa pero que sea la administración competente y no el propietario quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso. Esa medida es básicamente la misma que la que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.
Junts admite negociaciones
Los independentistas confirmaron este miércoles que han iniciado conversaciones con el Ministerio de Vivienda en relación al decreto. Y esa asunción supone una novedad en sí misma, porque Junts lleva muchos meses presumiendo de no negociar nada con el Gobierno, aunque lo cierto es que los puentes nunca se han roto del todo. Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont aseguraban este jueves que el PSOE está “estudiando” sus propuestas, y afirmaban, además, que “hace dos semanas” hicieron entrega al presidente Pedro Sánchez de un paquete de “medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda” que Junts presentó “hace meses” en el Congreso. “Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta