Gobierno de Abelardo de la Espriella no renovará contrato con la Fiduprevisora para administrar el Fomag: inicia transición de un año

El contrato que durante 36 años ha regulado la administración fiduciaria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) llegará a su fin el sábado 31 de octubre de 2026. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no prorrogar el acuerdo con Fiduprevisora S. A. y anunció que, a partir del 1 de noviembre de 2026, comienza un proceso de transición que se extenderá inicialmente durante un año y podrá ampliarse por otro más.La decisión fue comunicada el viernes 30 de octubre por el Ministerio de Educación Nacional, durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag. La determinación corresponde al Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., cuyo vencimiento está previsto para el último día de este mes.El cambio en la administración del fondo se produce en medio de los cuestionamientos y las fallas identificadas en el funcionamiento del sistema de salud del magisterio. Frente a este escenario, el Gobierno nacional anunció que la transición tendrá como prioridad evitar que los docentes y sus beneficiarios resulten afectados por la finalización del contrato, especialmente en lo relacionado con la atención médica y el reconocimiento de sus derechos económicos.Un contrato de 36 años llega a su finLa ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la determinación responde a la necesidad de no mantener las condiciones que, según los análisis realizados, han contribuido a los problemas del sistema.“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El Fomag no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella asume la responsabilidad de conducir esta transición, corregir las fallas documentadas y rendir cuentas sobre los avances y asuntos pendientes”, afirmó la funcionaria.La ministra también aclaró que la decisión no implica desconocer los derechos adquiridos por los maestros ni las conquistas laborales del sector.