Garoña, diez años después: el norte de Burgos busca en las renovables el futuro tras el cierre de la nuclear

El cierre de la central dejó un vacío que la comarca intenta compensar con 17,4 millones de euros en ayudas y nuevos proyectos energéticos, como una central hidroeléctrica reversible en la Merindad de Cuesta-Urria con una inversión prevista de unos 197 millones de eurosHemeroteca - Así se desmantela una central nuclear: “El cierre de Garoña es irreversible”

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.
































La Zona de Transición Justa de Garoña en Burgos y Álava.


La factura de apagar Garoña
“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudada