Policía vetado en San Francisco consigue trabajo en Honolulu

Los investigadores del Departamento de Policía de San Francisco tenían preguntas para uno de sus propios agentes. Pero el oficial Riley Bandy no quería hablar.



Una familia había presentado una queja sobre cómo Bandy había gestionado un caso de persona desaparecida. Sin embargo, durante más de cuatro años, Bandy eludió la investigación interna y renunció en lugar de cooperar, entregando su certificación policial en noviembre de 2024.



Ya no podrá trabajar como policía en California.



Pero eso no supuso un problema para Bandy. Unos meses antes, había comenzado un nuevo trabajo en Honolulu como investigador para el fiscal Steve Alm.



Christine Denton, asesora especial de Alm, declaró que la oficina desconocía la presunta mala conducta de Bandy, así como la conclusión de que no había cooperado con la investigación interna, hasta que fueron contactados por *Civil Beat*.



Ese antecedente se habría tenido en cuenta si Bandy lo hubiera revelado al presentar su solicitud, señaló Denton. No obstante, la determinación de falta grave no pasó a ser de dominio público hasta abril, y Bandy no mencionó la investigación en curso cuando postuló al puesto.



Denton explicó que a todos los candidatos para los puestos de investigador se les pregunta "si existe algo que les impida desempeñar plenamente las funciones de un agente del orden", y Bandy respondió que no.



El hecho de que la investigación se prolongara durante varios años permitió que permaneciera confidencial el tiempo suficiente para que Bandy cambiara de empleo sin tener que revelarla.



El caso ilustra las lagunas que persisten en los procesos de selección de candidatos a las fuerzas del orden en Hawái. Incluso durante lo que Denton describió como una "verificación exhaustiva de antecedentes", los investigadores de la oficina no tuvieron acceso a su expediente laboral y se basaron en las referencias de tres antiguos supervisores, incluidos dos del departamento de San Francisco. Todas las referencias fueron excelentes, afirmó.



En otros estados, se exige a los candidatos a puestos policiales que firmen autorizaciones que permitan a los posibles empleadores acceder a sus expedientes laborales. Una futura oficina de estándares policiales en Hawái tendría la facultad de exigir dichas autorizaciones, pero su puesta en marcha oficial se ha retrasado hasta mediados de 2028.



Denton declinó hacer comentarios sobre si la conclusión de mala conducta derivada de la investigación tenía alguna repercusión en el empleo de Bandy. Sin embargo, este hallazgo podría afectar su capacidad para desempeñar su trabajo, ya que podría socavar su credibilidad como testigo de la fiscalía si se le requiriera testificar.



Aunque rara vez se cita a los investigadores de Alm para comparecer ante el tribunal, el abogado defensor de Honolulu, Christian Enright, señaló que los abogados tendrían derecho a cuestionar los antecedentes de un investigador una vez que se hicieran públicos los detalles de su conducta pasada.



Los investigadores de la oficina actúan como agentes armados del orden público, indicó Enright, por lo que también deberían estar sujetos a las mociones de la defensa que exigen a la fiscalía entregar pruebas que puedan favorecer al acusado (conocidas como información Brady o Giglio). Cualquier antecedente de prejuicio racial o uso excesivo de la fuerza sería especialmente relevante para la estrategia de la defensa, afirmó.



La oficina ya había tenido problemas anteriormente con al menos uno de sus investigadores: un empleado que fue investigado por obstruir su propio caso de violencia doméstica.



Bandy no respondió a los intentos de contacto por teléfono, correo electrónico o correo postal, incluidas las preguntas por escrito sobre las conclusiones del informe.



En el informe de investigación, negó haber cometido irregularidad alguna.



“Siempre cooperé. Nunca dejé de hacerlo”, declaró finalmente Bandy a los investigadores. Sin embargo, el informe señalaba que Bandy había terminado su relación laboral antes de que concluyera la investigación y nunca invocó ningún “derecho constitucional, estatutario o legalmente reconocido” bajo la legislación de California para negarse a cooperar.



Una hija desaparecida y una queja familiar



En noviembre de 2021, una familia del Área de la Bahía se puso en contacto con el Departamento de Policía de San Francisco para denunciar la desaparición de su hija adulta. Estaban preocupados porque ella tenía una discapacidad intelectual y explicaron a la policía que su comportamiento podía ser infantil.



Tres días después, la familia y la joven hablaron con Bandy para informar que ella había regresado a casa sana y salva, aunque solo tras haber escapado de una persona desconocida que la había retenido contra su voluntad.



Bandy redactó un informe del incidente para cerrar el caso, pero en su versión sostenía que la mujer había ido a San Francisco “fiesta y a consumir drogas” y que se había inventado la historia del secu