Fractura en la Junta Electoral: del "despropósito" del fallo de la ley de nietos a evitar el pulso con el Supremo
elDiario.es · hace 7 días
El debate entre consejeros destapa las dudas sobre una suspensión del derecho al voto de 400.000 nacionalizados a los que no se ha permitido alegar
La fórmula para dar la nacionalidad que cuestiona el Supremo en la ley de nietos se aplicó sin polémica en 2008
La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la Ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas.
El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado.
En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.
Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial.
Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa.
De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada.
Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.
Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial.
De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, tam
