El líder del PP cambia de opinión y apuesta por la confrontación total con Marruecos. Ha optado por dar a ese país la condición de enemigo de España para así poder afirmar que Sánchez, si no acepta sus exigencias, es cómplice de RabatLa Policía apunta a la posible participación de agentes marroquíes en la entrada a Ceuta a partir de imágenes aparecidas en redes sociales
Un informe policial realizado sin fuentes propias en Marruecos ha servido a Alberto Núñez Feijóo para pegar un fuerte volantazo a sus opiniones sobre las relaciones con el país vecino. Su prioridad había sido mantenerse al margen de cualquier crítica directa a Rabat y reservar sus ataques a Pedro Sánchez. Aspira a ser algún día presidente del Gobierno y no le interesa entrar en Moncloa con la etiqueta de enemigo de Marruecos. Es lo que intentó José María Aznar en 1996, aunque luego las relaciones terminaron siendo bastante turbulentas.
Feijóo ha decidido que la crisis de Ceuta es otra oportunidad que no puede desaprovechar para dar el tiro de gracia al Gobierno de Sánchez. Pocas horas antes de las concentraciones convocadas por los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, decidió elevar el nivel de sus exigencias con el fin de culpar a Mohamed VI y a su Gobierno de la entrada masiva de decenas de miles de personas a finales de julio. Sabiendo que Sánchez no quiere tomar esa decisión, Feijóo anunció que hay que aumentar la confrontación con Rabat al máximo nivel, al inmediatamente anterior a la ruptura de relaciones diplomáticas.
“La embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales”, dijo en Ceuta. Al mismo tiempo, reclamó que el embajador español en ese país sea llamado a consultas “para evaluar las medidas más adecuadas”. No se toman este tipo de decisiones si no hay un motivo para denunciar a ese Gobierno. No se convoca a un embajador extranjero para que informe, sino como forma de mostrarle el rechazo a lo que ha hecho su país.
De la misma forma, no necesitas llamar a tu propio embajador para darle instrucciones. Las órdenes se le imparten por comunicaciones seguras cada día –por teléfono o por valija diplomática– y siempre que sea necesario. No es imprescindible aquí destacar que la embajada española está informando de forma permanente al Ministerio de Exteriores. Forma parte de su trabajo habitual, mucho más durante una crisis.
No era esta la posición que había mantenido Feijóo hasta ahora. Hace solo tres semanas, comentó que no tenía ninguna intención de lanzarse contra el Gobierno de Rabat. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos. Lo que tengo que hacer es, con el conocimiento que tenía, evitar con Marruecos que esto se produjese”, dijo en una entrevista.
Por entonces, cargaba toda la responsabilidad en el Gobierno español sin críticas directas a Rabat. Lo justificaba con el argumento de que en el futuro podría ser el presidente del Gobierno: “Mi posición tiene que ser adecuada ante la eventualidad de que asumamos el Gobierno de nuestro país”.
No puedes dinamitar las relaciones con Marruecos si eso te pasará factura más adelante.
Esa era una posición razonable en ese momento. Ahora ha dejado de serlo, aunque solo sea por el hecho de que es imposible devolver a Marruecos a las miles de personas que aún continúan en Ceuta sin contar con la colaboración de las autoridades de ese país. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, exigió el miércoles “la vuelta de todos los que entraron el 30 y 31 de julio”. Sin ese retorno, no se podrá alcanzar “la normalidad”. Vivas también pidió “un horizonte temporal definido” para la resolución de la crisis. Es decir, cuanto antes. Será imposible si el Ministerio de Exteriores llama a consultas a la embajadora marroquí y entra en rumbo de colisión con Rabat.
Feijóo decidió que el presente es más importante que el futuro: “La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos”. Ha optado por dar a ese país la condición de enemigo de España para así poder afirmar que el Gobierno de Sánchez, si no acepta sus exigencias, es cómplice de los enemigos de España.
El PP ha dado este salto partiendo del informe policial recibido por la jueza María Tardón. Fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, una unidad policial que no tiene fuentes propias en Marruecos y que se basó en fuentes abiertas, es decir, aparecidas en medios de comunicación y redes sociales. Es lógico que atendiera a la petición de la magistrada. Lo que no parece comprensible es que el contenido y las conclusiones no estuvieran en la mesa del ministro de Interior desde mucho tiempo antes.
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